Congreso redefine control administrativo en la Corte
A juicio del Legislativo, una administración compartida permitiría decisiones más consensuadas y menos expuestas a cuestionamientos políticos o personales.
18 de febrero de 2026
El Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma legal que modifica la estructura de mando administrativo dentro del Poder Judicial, retirando estas atribuciones a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y trasladándolas al pleno de magistrados.
La decisión, adoptada en una sesión extraordinaria y con dispensa de debates, establece que funciones clave como nombramientos, ascensos, traslados, sanciones disciplinarias y destituciones del personal judicial ya no dependerán de una sola autoridad, sino que deberán resolverse de forma colegiada por los 15 magistrados que integran el máximo tribunal del país.
De acuerdo con los diputados que respaldaron la iniciativa, el cambio responde a la necesidad de reducir la concentración de poder administrativo y fortalecer los principios de transparencia, equilibrio interno y control institucional. A juicio del Legislativo, una administración compartida permitiría decisiones más consensuadas y menos expuestas a cuestionamientos políticos o personales.
La reforma ha generado diversas reacciones en el ámbito jurídico y político. Mientras algunos sectores la consideran un paso hacia una gestión más democrática del Poder Judicial, otros advierten que la medida podría abrir la puerta a tensiones internas o afectar la operatividad de la Corte si no se establecen mecanismos claros para la toma de decisiones.
Por su parte, la presidenta del alto tribunal, Rebeca Ráquel Obando, solicitó un espacio de diálogo técnico e interinstitucional para evaluar el impacto de la reforma. La magistrada subrayó la importancia de resguardar la independencia judicial y de garantizar que cualquier cambio administrativo no interfiera con la función jurisdiccional ni con la estabilidad laboral del personal judicial.
Este ajuste legal se produce en un contexto más amplio de debate sobre la modernización del sistema de justicia en Honduras, donde desde hace varios años se discute la necesidad de crear y poner en funcionamiento un Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Dicho órgano, contemplado en la normativa, estaría llamado a administrar de manera especializada los recursos humanos del Poder Judicial, pero su implementación sigue pendiente.
Con la reforma aprobada, el Congreso busca avanzar en una reorganización interna de la Corte Suprema, en medio de un escenario político marcado por la vigilancia ciudadana sobre el desempeño de las instituciones y la exigencia de mayores estándares de rendición de cuentas.
