Congreso redefine administración del Poder Judicial
Ante ese vacío normativo, el Congreso determinó reformar el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010, estableciendo un nuevo esquema provisional mientras se crea y aprueba una ley definitiva.
20 de febrero de 2026
El Congreso Nacional aprobó una reforma legal orientada a reestructurar de manera temporal la administración del Poder Judicial, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la anterior Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
El contenido fue oficializado en el diario estatal La Gaceta, edición número 37,075, correspondiente al 20 de febrero de 2026, mediante el Decreto 10-2026.
La medida surge luego de que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de lo Constitucional, invalidara la normativa que daba sustento jurídico al Consejo de la Judicatura, lo que dejó sin marco legal el modelo administrativo previamente establecido.
Ante ese vacío normativo, el Congreso determinó reformar el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010, estableciendo un nuevo esquema provisional mientras se crea y aprueba una ley definitiva.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
La reforma dispone que, mientras no se elijan los integrantes del Consejo de la Judicatura, será el pleno de los quince magistrados propietarios de la Corte Suprema quien, de forma colegiada, asumirá decisiones relacionadas con:
Nombramientos y ascensos de jueces y magistrados
Traslados y permutas
Designaciones en el ámbito administrativo y disciplinario
Además, se establece que para procedimientos disciplinarios deberán participar al menos tres magistrados, garantizando el debido proceso.
En cuanto a la gestión administrativa, la Presidencia del máximo tribunal continuará ejerciendo funciones ejecutivas, pero bajo aprobación del Plan Operativo Anual por parte del pleno y con obligación de presentar informes trimestrales.
Plazos y obligaciones
El decreto también ordena que la Corte Suprema, en un plazo máximo de 60 días, envíe al Congreso una iniciativa de ley para crear una nueva normativa que regule el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Si esto no ocurre, cualquier diputado podrá presentar la propuesta.
La disposición entró en vigencia a partir de su publicación oficial.
El Congreso argumentó que la reforma no modifica la Constitución, sino que ajusta una disposición transitoria de rango legal, con el propósito según se expone de fortalecer la colegialidad, evitar la concentración de poder y restablecer el equilibrio institucional dentro del Poder Judicial.
Con esta decisión, el Legislativo busca dar una salida temporal al esquema administrativo judicial mientras se construye un nuevo marco jurídico permanente.
