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La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) expresó su inconformidad luego de que el Congreso Nacional de Honduras no respaldara la adhesión al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento internacional que buscaba fortalecer la defensa de los derechos de la infancia.

Lizeth Coello, titular de la Senaf, manifestó en una comunicación oficial que la votación en contra por parte de las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal representa un retroceso para el país en materia de protección a la niñez. Según explicó, este protocolo habría abierto la posibilidad para que niñas, niños y adolescentes presentaran denuncias de violaciones a sus derechos ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en los casos donde el Estado no garantizara una respuesta adecuada.

De acuerdo con Coello, la ratificación del protocolo no solo habría permitido a la niñez hondureña acceder a un mecanismo internacional de justicia, sino que también obligaría al Estado a reforzar sus propias instituciones de prevención y atención. Asimismo, aseguró que esta iniciativa hubiera colocado a Honduras en una mejor posición en la esfera internacional, mostrando compromiso real con la infancia y completando el marco jurídico que ya contempla otros tratados ratificados por el país.

La funcionaria también rechazó versiones difundidas por sectores políticos que, según ella, manipularon el contenido del protocolo al asociarlo con temas de identidad de género. “Es importante aclarar que este mecanismo en ningún momento regula asuntos relacionados con el cambio de nombre o género; su único fin es garantizar un canal de denuncia frente a violaciones graves a los derechos de la niñez”, subrayó.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) también se pronunció, resaltando la importancia del protocolo como herramienta que refuerza la protección y el acceso a la justicia para los menores de edad. En un mensaje publicado en la red social X, la oficina reconoció los esfuerzos de la sociedad civil que ha promovido la ratificación y alentó al Poder Legislativo a no cerrar el debate sobre este instrumento internacional.

Organismos de derechos humanos han advertido que, al no aprobarse, Honduras pierde la oportunidad de brindar a su niñez un recurso adicional para defenderse frente a la violencia, la discriminación y la pobreza, problemas que afectan de manera significativa a este sector de la población.