Congreso puede iniciar juicios políticos
El procedimiento para activar este mecanismo está definido en la Constitución de la República y en la Ley especial correspondiente, y contempla una fase de investigación a cargo de una comisión especial y posteriormente la discusión y votación en el pleno de diputados.
15 de enero de 2026
El Congreso Nacional de Honduras posee la facultad constitucional de iniciar juicios políticos contra altos funcionarios del Estado, un mecanismo contemplado tanto en la Carta Magna como en la Ley Especial de Juicio Político, cuyo propósito es evaluar la responsabilidad de autoridades cuando existan denuncias graves por su desempeño o por violaciones a la Constitución y al interés nacional.
Según lo establecido, el juicio político es una herramienta que permite al Legislativo analizar y, en su caso, destituir a figuras de alto rango, tales como el Presidente de la República, designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados y otros servidores públicos electos por el Congreso, siempre que se presenten causales serias que cuestionen su gestión.
El procedimiento para activar este mecanismo está definido en la Constitución de la República y en la Ley especial correspondiente, y contempla una fase de investigación a cargo de una comisión especial y posteriormente la discusión y votación en el pleno de diputados.
Para que proceda la destitución en la mayoría de casos se exige el voto de dos tercios de los legisladores; cuando se trata del presidente de la República, se requieren hasta tres cuartas partes de los votos de la cámara.
Este mecanismo ha cobrado relevancia recientemente en el debate público tras declaraciones del Fiscal General de la República, Johel Zelaya, quien afirmó que no teme a un posible juicio político promovido desde el Congreso y aseguró que, de ser necesario, está dispuesto a dejar el cargo sin que eso detenga su trabajo en la lucha contra la corrupción.
La discusión sobre el uso de esta facultad se intensifica en un contexto político en el que diversas fuerzas partidarias y sectores sociales debaten sobre la rendición de cuentas de las instituciones del Estado y la independencia de los diferentes poderes públicos.
En este marco, expertos en derecho constitucional señalan que el juicio político es un control político y jurídico que debe aplicarse con base en criterios claros y respetando el debido proceso, ya que su uso influye directamente en la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Aunque Honduras no ha visto recientemente juicios políticos concretados con destituciones, la posibilidad de activarlos forma parte de los mecanismos de supervisión del Congreso, que actúa como órgano encargado de salvaguardar la legalidad y la conducta de quienes ocupan altos cargos dentro del aparato estatal.
