Congreso impulsa peritaje de audios electorales en EEUU
Para garantizar que el análisis tenga validez científica y legal, la resolución plantea que los fiscales viajen a laboratorios, instituciones o agencias científicas especializadas en Estados Unidos con capacidad probada en peritajes digitales de evidencia sonora.
18 de febrero de 2026
El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad una moción para instar al Ministerio Público de Honduras a conformar una comisión de fiscales que sea enviada a Estados Unidos para realizar un peritaje técnico forense de una serie de audios que han generado una fuerte controversia política en torno al proceso electoral de noviembre de 2025.
Los audios, difundidos por el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Marlon Ochoa, incluyen grabaciones en las que presuntamente se escuchan voces de la consejera Cossette López Osorio y otros actores vinculados a decisiones internas del CNE, lo que ha intensificado el debate sobre la integridad del proceso electoral.
El diputado Kilvett Bertrand, proponente de la iniciativa, sostuvo que los audios han provocado “una profunda preocupación nacional” debido a las posibles implicaciones institucionales y políticas que podrían derivarse de su autenticidad o manipulación.
Para garantizar que el análisis tenga validez científica y legal, la resolución plantea que los fiscales viajen a laboratorios, instituciones o agencias científicas especializadas en Estados Unidos con capacidad probada en peritajes digitales de evidencia sonora.
La moción aprobada instruye al Ministerio Público a designar y enviar a los fiscales correspondientes en un plazo máximo de cinco días, así como a remitir informes semanales al Congreso sobre el avance de los trámites internacionales y la verificación de los audios.
En el debate, algunos legisladores destacaron la importancia de confiar en análisis externos, que podrían incluir herramientas científicas certificadas, para despejar dudas sobre la posible manipulación mediante tecnologías como inteligencia artificial o edición digital avanzada.
El contexto de esta medida se enmarca en una crisis de confianza en las instituciones electorales tras las elecciones generales de noviembre de 2025, cuando la divulgación de grabaciones atribuidas a figuras públicas generó acusaciones cruzadas de fraude y boicot electoral.
Las controversias derivadas de estos audios han provocado también que actores políticos y jurídicos soliciten mecanismos de verificación independientes que brinden credibilidad técnica al proceso.
Mientras tanto, la controversia sobre la autenticidad de los audios continúa en el escenario público, con sectores que aseguran que se trata de piezas manipuladas con fines políticos y otros que sostienen que los archivos reflejan irregularidades de peso en el proceso democrático.
La decisión del Congreso busca, según sus promotores, garantizar que cualquier conclusión esté sustentada en evidencia científica verificable.
