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Congreso impulsa acciones contra extorsión desde cárceles

Frente a este escenario, las autoridades han promovido una mayor coordinación entre instituciones para fortalecer las acciones de prevención y control, buscando reducir el impacto de estos delitos en la ciudadanía.

24 de marzo de 2026

El Congreso Nacional de Honduras informó sobre la puesta en marcha de una coordinación interinstitucional con autoridades del sistema penitenciario, orientada a frenar las estructuras delictivas que operan desde los centros carcelarios del país.

 

El Congreso Nacional es el órgano encargado de ejercer el poder legislativo en Honduras y tiene la facultad de crear, reformar y derogar leyes en respuesta a problemáticas nacionales.

 

En los últimos años, la extorsión ha sido uno de los principales desafíos en materia de seguridad, con estructuras criminales que continúan operando desde centros penitenciarios.

Frente a este escenario, las autoridades han promovido una mayor coordinación entre instituciones para fortalecer las acciones de prevención y control, buscando reducir el impacto de estos delitos en la ciudadanía.

 

De acuerdo con el comunicado oficial, esta articulación busca fortalecer las medidas de control y vigilancia dentro de las cárceles, con el objetivo de reducir delitos como la extorsión, que continúa afectando a diversos sectores de la población hondureña.

La iniciativa contempla la implementación de estrategias conjuntas entre el Poder Legislativo y las autoridades encargadas de la administración penitenciaria.

 

Las autoridades legislativas destacaron que este tipo de acciones responden a la necesidad de enfrentar de manera integral la criminalidad organizada, especialmente aquella que se mantiene activa desde el interior de los centros de reclusión.

 

En ese sentido, señalaron que el combate a la extorsión requiere no solo operativos de seguridad, sino también ajustes en el marco normativo y en los mecanismos de control institucional.

 

Asimismo, se indicó que el Congreso mantiene su disposición de impulsar reformas o iniciativas que permitan cerrar brechas legales aprovechadas por estructuras criminales, reforzando así la capacidad del Estado para responder a este fenómeno.

La coordinación también busca mejorar el flujo de información entre instituciones para detectar y desarticular redes delictivas.

 

El tema de la seguridad penitenciaria ha cobrado relevancia en la agenda nacional, especialmente ante denuncias sobre la operación de grupos criminales desde las cárceles, lo que ha obligado a replantear estrategias de control y supervisión dentro del sistema.

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