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Congreso endurece penas por extorsión en Honduras

Uno de los puntos más relevantes de la aprobación legislativa es la clasificación de las maras y pandillas como organizaciones terroristas, lo que implica un cambio en el tratamiento jurídico de estos grupos.

19 de mayo de 2026

El Congreso Nacional de Honduras aprobó una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente el delito de extorsión, uno de los que más afecta a la población y al sector productivo en el país.

 

Las modificaciones legales contemplan un aumento significativo en las penas relacionadas con la extorsión, así como nuevas disposiciones para agilizar los procesos judiciales en casos vinculados a estructuras criminales. Con estas reformas, las autoridades buscan responder a la creciente preocupación por este delito que impacta directamente en comercios, transporte y familias en distintas zonas del territorio nacional.

 

Uno de los puntos más relevantes de la aprobación legislativa es la clasificación de las maras y pandillas como organizaciones terroristas, lo que implica un cambio en el tratamiento jurídico de estos grupos. Esta nueva figura permitiría aplicar medidas más severas en su persecución, investigación y judicialización, ampliando las herramientas del Estado para combatir su accionar.

 

De acuerdo con el dictamen aprobado, esta categorización busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y justicia frente a estructuras criminales que operan bajo esquemas de extorsión, amenazas y control territorial, especialmente en zonas urbanas donde se ha concentrado gran parte de su actividad delictiva.

 

Asimismo, las reformas introducen ajustes en el procedimiento penal con el fin de acelerar procesos y reducir espacios de impunidad en casos de crimen organizado, permitiendo una mayor coordinación entre operadores de justicia y fuerzas de seguridad. El objetivo, según se desprende de la iniciativa, es hacer más eficiente la respuesta del sistema judicial ante delitos de alto impacto social.

 

Con estas medidas, el Congreso busca enviar un mensaje de endurecimiento frente a las estructuras criminales, mientras el país continúa enfrentando altos niveles de violencia asociada a la extorsión y actividades de pandillas en distintas regiones.

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