Congreso declara emergencia sanitaria por crisis en salud
Entre sus principales disposiciones, la ley faculta al Ejecutivo a implementar procedimientos simplificados y excepcionales, contratar personal médico y administrativo, agilizar la adquisición de medicamentos e insumos.
3 de febrero de 2026
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en las últimas horas de la noche del lunes una nueva ley que declara estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, en respuesta a la profunda crisis que enfrenta el sistema público de salud, caracterizada por una elevada mora quirúrgica, escasez de medicamentos y precariedad en la atención hospitalaria.
La crisis sanitaria en Honduras ha cobrado especial notoriedad en los últimos años, marcada por prolongadas listas de espera para intervenciones quirúrgicas y recurrentes ausencias de medicamentos en hospitales estatales, evidenciando las deficiencias en la gestión y financiación del sistema público de salud.
La normativa, denominada Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población, fue avalada con dispensa de dos debates y entrará en vigor por un periodo de un año, con la posibilidad de ser extendida por el propio Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo.
Entre sus principales disposiciones, la ley faculta al Ejecutivo a implementar procedimientos simplificados y excepcionales, contratar personal médico y administrativo, agilizar la adquisición de medicamentos e insumos, y establecer fideicomisos y convenios especiales con entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales para fortalecer la atención en los hospitales públicos de los 18 departamentos del país.
La aprobación se da tras varios días de debate y tras la solicitud pública del presidente Nasry “Tito” Asfura al Parlamento para conceder el marco legal necesario que permita responder con mayor rapidez a las necesidades de miles de pacientes que esperan cirugías y tratamientos médicos.
Desde la tribuna legislativa, la vicepresidenta del Congreso, Johana Bermúdez, defendió la declaratoria como una medida urgente para rescatar al sistema de salud pública hondureño, al que calificó de estar “en cuidados intensivos” debido a sus fallas estructurales y administrativas.
Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. La bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) manifestó su rechazo, alegando que la ley podría saltarse normas de competencia y abrir espacio a prácticas privatizadoras y a manejos poco transparentes de recursos.
La aprobación de esta ley representa una de las principales acciones legislativas impulsadas por el nuevo Congreso, que busca dar herramientas legales al Ejecutivo para atender de forma más expedita los problemas más urgentes en materia de salud. El caso ha generado debates políticos sobre el uso de medidas excepcionales en la administración pública y sobre la transparencia en la ejecución de contratos y fideicomisos vinculados a la emergencia sanitaria.
Esta decisión se produce en un contexto donde la atención sanitaria y el acceso oportuno a servicios médicos se han convertido en temas de alta preocupación pública, obligando a los poderes del Estado a articular respuestas legislativas y ejecutivas más efectivas.
