Congreso cuestiona uso de pasaportes diplomáticos por exfuncionarios
Desde el Congreso se ha planteado la posibilidad de derogar o modificar la normativa para evitar que este beneficio continúe de manera automática, mientras que exautoridades han defendido la legalidad de la medida al señalar que prácticas similares han existido durante décadas en el país.

10 de marzo de 2026
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, calificó como un “abuso” que exfuncionarios del gobierno anterior continúen utilizando pasaportes diplomáticos después de haber dejado sus cargos, e insistió en que dichos documentos deben ser devueltos al Estado una vez finalizado el periodo de funciones.
Según el titular del Legislativo, se exhortará a la Cancillería a revisar el reglamento vigente para evitar que estos beneficios se mantengan de forma indefinida.
El debate sobre los pasaportes diplomáticos en Honduras se intensificó tras conocerse que algunos exfuncionarios aún conservan estos documentos luego de finalizar sus responsabilidades en el gobierno.
Desde el Congreso se ha planteado la posibilidad de derogar o modificar la normativa para evitar que este beneficio continúe de manera automática, mientras que exautoridades han defendido la legalidad de la medida al señalar que prácticas similares han existido durante décadas en el país.
La polémica surge a raíz de una normativa emitida durante la administración pasada que regula la entrega de pasaportes diplomáticos y oficiales a determinados funcionarios de alto nivel.
Entre sus disposiciones más cuestionadas se encuentra la posibilidad de que algunas autoridades, como expresidentes de poderes del Estado o excancilleres, mantengan el derecho a este documento incluso después de abandonar sus funciones, lo que ha generado debate en distintos sectores políticos y diplomáticos.
Especialistas en asuntos internacionales señalan que el pasaporte diplomático es un instrumento destinado a facilitar las gestiones oficiales de quienes representan al país en misiones o cargos públicos.
Sin embargo, advierten que su uso fuera de ese contexto puede convertirse en un privilegio indebido, ya que otorga facilidades en trámites migratorios y trato preferencial en aeropuertos. Ante la controversia, autoridades de la Cancillería han indicado que el tema se encuentra bajo análisis para determinar posibles ajustes al reglamento vigente.










