Congreso condena manipulación de sus redes oficiales
Según la información institucional, las plataformas oficiales del Legislativo fueron modificadas de forma no autorizada tras el relevo de autoridades, borrando publicaciones recientes y reemplazándolas con contenidos y elementos gráficos vinculados con la gestión saliente.

29 de enero de 2026
El Congreso Nacional de Honduras emitió una declaración oficial en la que condena enérgicamente la alteración y manipulación de sus cuentas institucionales en redes sociales, acción que se registró días después de concluir la administración del expresidente legislativo Luis Redondo y que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los activos digitales del Poder Legislativo.
Según la información institucional, las plataformas oficiales del Legislativo fueron modificadas de forma no autorizada tras el relevo de autoridades, borrando publicaciones recientes y reemplazándolas con contenidos y elementos gráficos vinculados con la gestión saliente.
Este tipo de cambios va en contra de las prácticas de continuidad institucional y de la neutralidad en la administración de medios oficiales.
El Congreso explicó que los accesos a las cuentas fueron entregados formalmente como parte del proceso de transición entre administraciones, pero que las plataformas habrían quedado asociadas a un dispositivo personal, lo que dificultó el restablecimiento inmediato del control por parte de la nueva directiva.
La reacción oficial se produce en un contexto de debate político sobre la custodia de los activos digitales públicos, luego de registrarse modificaciones en los canales institucionales sin una explicación clara hacia la ciudadanía.
Voceros del Legislativo subrayaron la necesidad de preservar la transparencia y el respeto a los procesos institucionales, especialmente en los espacios digitales que funcionan como canales oficiales de información pública.
Las cuentas afectadas son herramientas clave para comunicar sesiones, decisiones y actividades parlamentarias, por lo que su alteración ha generado preocupación en distintos sectores por el uso adecuado de las plataformas oficiales del Estado.










