Congreso analiza usar dinero incautado para seguridad
En los últimos días, el Legislativo ha aprobado modificaciones relacionadas con el combate a maras, pandillas y organizaciones catalogadas como terroristas, además de analizar nuevos cambios al marco penal y procesal.
26 de septiembre de 2026
El Congreso Nacional analiza una reforma legal que permitiría utilizar temporalmente recursos económicos incautados al crimen organizado para fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y la persecución penal. La propuesta contempla fondos que permanecen bajo administración estatal mientras continúan los procesos judiciales.
La iniciativa surge en medio de una serie de reformas impulsadas para ampliar las herramientas legales y presupuestarias del Estado frente a las estructuras criminales. En los últimos días, el Legislativo ha aprobado modificaciones relacionadas con el combate a maras, pandillas y organizaciones catalogadas como terroristas, además de analizar nuevos cambios al marco penal y procesal.
Actualmente, los bienes y recursos incautados permanecen sujetos a los procedimientos judiciales correspondientes y, según lo explicado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el dinero no puede utilizarse de manera ordinaria mientras no exista una resolución definitiva que determine su destino.
La propuesta plantea crear un mecanismo financiero que permita disponer de esos recursos mientras los procesos avanzan, con la condición de que exista una garantía para devolverlos si posteriormente una autoridad judicial determina que deben ser restituidos. La Secretaría de Finanzas tendría participación en este esquema.
De acuerdo con las estimaciones preliminares divulgadas por Zambrano, el monto de dinero incautado que permanece retenido podría ubicarse entre 800 y 1,000 millones de lempiras. La idea sería distribuir parte de esos fondos entre instituciones vinculadas directamente con la seguridad y la administración de justicia.
Entre las entidades que podrían recibir recursos se encuentran la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el propósito de reforzar capacidades operativas, investigación y persecución de delitos.
El planteamiento también contempla mecanismos de auditoría y fiscalización para supervisar el uso de los fondos. Según lo expuesto por el titular del Legislativo, el objetivo es que las instituciones cuenten con mayores recursos para aplicar las nuevas disposiciones aprobadas en materia de seguridad.
La eventual reforma tendría que ser discutida y aprobada mediante el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigor. Mientras tanto, el Congreso continúa trabajando en modificaciones al marco penal y penitenciario destinadas a fortalecer la respuesta institucional contra las estructuras criminales.
