Condenan a exdirector de la OABI por caso de joyas desaparecidas
La investigación del Ministerio Público se centró en presuntas irregularidades durante el traslado de objetos decomisados en el marco de la operación denominada Emperador, desarrollada en El Progreso, Yoro.
16 de octubre de 2026
El exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruiz Nieto, fue declarado culpable del delito de violación de los deberes de los funcionarios, tras un proceso judicial relacionado con la desaparición de joyas valoradas en más de 1.2 millones de lempiras. El fallo fue emitido por un tribunal de sentencia y la audiencia para determinar la pena quedó programada para el 3 de noviembre de 2026.
El caso se remonta a agosto de 2019, cuando Ruiz Nieto estaba al frente de la OABI, institución encargada de administrar y custodiar bienes asegurados o incautados por las autoridades. La investigación del Ministerio Público se centró en presuntas irregularidades durante el traslado de objetos decomisados en el marco de la operación denominada Emperador, desarrollada en El Progreso, Yoro.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el 3 de agosto de 2019 se movilizaron desde las oficinas regionales de la OABI en San Pedro Sula hacia Tegucigalpa 135 lotes de joyas y 28 relojes de distintas marcas. Los objetos permanecían bajo responsabilidad de la institución, pero el traslado se realizó sin completar los procedimientos administrativos establecidos para su recepción y custodia.
Al revisar los bienes en la capital, las autoridades detectaron que parte de las joyas había desaparecido. El valor estimado de los artículos faltantes ascendía a 1 millón 271 mil 860 lempiras, según los datos presentados por el ente acusador durante el proceso judicial.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) sostuvo que el exfuncionario incumplió disposiciones del reglamento de la OABI que establecen medidas específicas para proteger joyas y otros objetos de valor. Entre ellas figura la obligación de depositarlos en cajas de seguridad de bancos o entidades financieras del sistema nacional, bajo la supervisión de la unidad competente.
El Ministerio Público atribuyó al exdirector omisiones en sus responsabilidades de administración, vigilancia y resguardo de los bienes incautados. Con base en estos hechos, el tribunal emitió una sentencia condenatoria por violación de los deberes de los funcionarios, delito contemplado en el artículo 499, numeral 2, del Código Penal hondureño.
La siguiente etapa del proceso será la audiencia de individualización de la pena, prevista para el 3 de noviembre. En esa diligencia judicial se establecerá la sanción correspondiente para Ruiz Nieto por los hechos acreditados durante el juicio.
La resolución representa un avance en el proceso judicial relacionado con el manejo de bienes decomisados y pone de relieve la importancia de cumplir los protocolos de control y custodia de los objetos que permanecen bajo responsabilidad de las instituciones públicas.
