Concluye estado de excepción en Honduras
La medida fue instaurada originalmente en diciembre de 2022 por el gobierno de Xiomara Castro, ante niveles elevados de homicidios, extorsión y actividades de pandillas que afectaban a amplias zonas urbanas y rurales del país.
26 de enero de 2026
Después de más de tres años y múltiples prórrogas, el estado de excepción que rigió en gran parte del territorio hondureño con el objetivo de combatir la violencia y el crimen organizado llegó a su fin este 26 de enero de 2026, generando opiniones encontradas entre autoridades, defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
La medida fue instaurada originalmente en diciembre de 2022 por el gobierno de Xiomara Castro, ante niveles elevados de homicidios, extorsión y actividades de pandillas que afectaban a amplias zonas urbanas y rurales del país. Con su aplicación, el Ejecutivo podía suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales como la libertad de reunión, de asociación y la inviolabilidad del domicilio, bajo el argumento de fortalecer las operaciones de seguridad.
Desde el oficialismo se defendió la continuidad del régimen extraordinario, señalando una disminución sostenida en los índices de homicidios durante su vigencia. Autoridades de seguridad atribuyeron estos resultados al despliegue policial y militar, así como a operativos focalizados en zonas con alta incidencia delictiva.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la efectividad del estado de excepción y advirtieron que su prolongación excedió el carácter temporal que establece la Constitución. Diversos informes documentaron denuncias por detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y uso excesivo de la fuerza, presuntamente cometidos por agentes del Estado.
Analistas coinciden en que el fin de la medida abre un nuevo escenario para la política de seguridad del país, en el que se deberá fortalecer la institucionalidad, mejorar la investigación criminal y garantizar el respeto a las libertades fundamentales, sin dejar de atender el problema de la violencia.
Con la finalización del estado de excepción, la atención se centra ahora en las estrategias que implementará el nuevo gobierno para mantener los avances en materia de seguridad, al tiempo que se restablece plenamente el ejercicio de los derechos constitucionales y se responde a las demandas de justicia planteadas por distintos sectores de la sociedad.
