Conadeh ve esperanza en fallo judicial sobre TPS para hondureños
Representantes de organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos han reaccionado con alivio ante la medida, aunque también han llamado a intensificar gestiones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos para buscar soluciones más permanentes.
8 de enero de 2026
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) calificó como una “luz de esperanza” la reciente decisión de una jueza federal en San Francisco, California, que determinó que la medida de cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños residentes en Estados Unidos fue ilegal y por ende no puede ejecutarse de inmediato.
La jueza Trina Thompson emitió, el pasado 31 de diciembre de 2025, un fallo que invalida la terminación del TPS dictada por la administración anterior, lo que permite que el beneficio que incluye permisos de trabajo, acceso al seguro social y protección contra deportaciones se mantenga vigente para los hondureños afectados mientras se desarrolla el proceso judicial.
Las autoridades de Conadeh, a través de la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana, Elsy Reyes, subrayaron el impacto positivo de esta resolución para la comunidad hondureña en Estados Unidos, compuesta por cerca de 50,000 beneficiarios protegidos por el TPS desde 1999, tras el paso devastador del huracán Mitch.
Reyes explicó que la decisión judicial ofrece una oportunidad para que las personas amparadas bajo este estatus puedan continuar trabajando y residiendo con seguridad, y que incluso quienes estaban en centros de detención sin protección legal ahora podrían acogerse a esta resolución para presentar recursos y evitar la deportación.
No obstante, la funcionaria recordó que este fallo no es definitivo, ya que el Gobierno de Estados Unidos podría presentar una apelación ante instancias superiores, lo que mantiene el proceso en un estado de incertidumbre legal.
El TPS un programa que brinda protección temporal a nacionales de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras emergencias ha sido objeto de múltiples disputas legales en los últimos años. Para los hondureños, esta figura ha sido crucial para asegurar estabilidad socioeconómica y familiar en territorio estadounidense, evitando deportaciones y permitiendo la integración laboral y comunitaria.
Representantes de organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos han reaccionado con alivio ante la medida, aunque también han llamado a intensificar gestiones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos para buscar soluciones más permanentes que garanticen la protección de los migrantes hondureños.
La decisión de la jueza Trina Thompson reafirma la importancia de los procesos judiciales en la protección de derechos humanos y la vigencia de mecanismos migratorios en escenarios complejos, especialmente cuando miles de familias dependen de esos marcos legales para permanecer en el exterior con estabilidad y seguridad.
