CONADEH denuncia más de 800 abusos durante estado de excepción en Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras denunció que, durante más de 800 días de vigencia del estado de excepción en el país, se han registrado más de 800 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos de seguridad del Estado.
10 de mayo de 2025
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras denunció que, durante más de 800 días de vigencia del estado de excepción en el país, se han registrado más de 800 quejas por violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos de seguridad del Estado. La institución instó al gobierno a cesar esta medida y adoptar una política de seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos y de género.
Según el informe presentado por el CONADEH con motivo del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, uso de pruebas falsas, tortura, tratos crueles, robo, destrucción de propiedad y violencia sexual. Estas quejas coinciden con investigaciones del Ministerio Público que han llevado al procesamiento penal de agentes de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Dirección Antimaras (DIPAMPCO) por delitos como privación ilegal de libertad, tortura, asociación ilícita, entre otros.
El estado de excepción fue decretado inicialmente en diciembre de 2022 mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2022, con el objetivo de combatir el crimen organizado y la delincuencia común. La medida ha sido prorrogada en 18 ocasiones, muchas veces sin pasar por el debido proceso legislativo, y ha limitado derechos fundamentales como la libertad personal, de asociación, de circulación, la inviolabilidad del domicilio y la protección contra detenciones arbitrarias.
El CONADEH ha expresado reiteradamente que esta medida no solo ha sido ineficaz en su propósito original, sino que ha desnaturalizado el concepto del estado de excepción, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado hondureño. También ha pedido establecer un registro nacional de detenciones accesible y actualizado, para prevenir desapariciones forzadas.
Finalmente, la entidad recomendó al Poder Ejecutivo abstenerse de seguir prorrogando el estado de excepción, al Congreso Nacional ejercer su rol de control legislativo sobre los decretos ejecutivos, y a la Corte Suprema de Justicia revisar la legalidad de los mismos. Subraya que solo una política de seguridad con enfoque estructural, de derechos humanos y de género podrá abordar eficazmente los problemas que subyacen a la violencia y criminalidad en Honduras.
