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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras expresó su profunda preocupación por la decisión del gobierno de Estados Unidos de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 55,000 hondureños que han estado amparados bajo este beneficio migratorio desde 1999.

Según advirtió la institución, la cancelación de esta medida abre la puerta a deportaciones masivas y a una grave crisis de separación familiar, con un fuerte impacto social y emocional tanto para quienes residen en EE. UU. como para sus familias en Honduras.

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, explicó que uno de los efectos más preocupantes es que los beneficiarios del TPS perderán inmediatamente derechos fundamentales, como el acceso legal al trabajo, a la salud, a la educación y a la movilidad dentro de Estados Unidos. Esto los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, equiparable a la de los migrantes indocumentados.

“Van a quedar sin permiso para trabajar, sin acceso al seguro médico, sin posibilidad de renovar su licencia de conducir. Además, muchos podrían ser detenidos y deportados”, lamentó Reyes.

Uno de los efectos más dolorosos que anticipa el Conadeh es la separación de familias. Reyes alertó que muchos padres hondureños podrían verse obligados a dejar a sus hijos en Estados Unidos —especialmente si son ciudadanos estadounidenses— al no querer exponerlos a condiciones precarias en Honduras.

“Honduras no está preparada para recibir a miles de personas retornadas. El país enfrenta desafíos estructurales graves en materia de empleo, vivienda, salud, seguridad y educación, por lo que no se les puede garantizar una reintegración digna ni sostenible”, agregó.

En ese sentido, Reyes pidió a las personas que aún se encuentran protegidas por el TPS que se informen adecuadamente, busquen el apoyo de las oficinas consulares hondureñas y, de ser posible, consideren alternativas legales para ajustar su estatus migratorio.

Asimismo, hizo un llamado urgente al Estado hondureño para que tome una postura activa ante la situación. Según la defensora, es momento de impulsar acercamientos bilaterales con EE. UU., evaluar a fondo el impacto social y económico de la no renovación del TPS, y fortalecer los mecanismos nacionales de atención, recepción y reinserción de migrantes retornados.

“Debemos aprovechar las capacidades y conocimientos de quienes regresan. Son personas que pueden emprender, aportar y reconstruir, pero necesitan respaldo institucional”, concluyó Reyes.

La no renovación del TPS para Honduras se produce en un contexto regional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. y el aumento de los flujos migratorios irregulares. La medida podría representar un golpe económico para muchas familias que dependen de remesas, así como un reto humanitario para el país, que ya enfrenta una crisis múltiple de derechos humanos, pobreza y falta de oportunidades.