Comisión liquidadora revela millonarios pagos en fondos culturales
Asimismo, el informe señala que varios de estos fondos habrían sido administrados bajo esquemas que ahora están siendo sometidos a auditoría técnica y financiera, con el fin de determinar si los recursos cumplieron con los objetivos establecidos o si existen posibles irregularidades en su ejecución.
8 de junio de 2026
La Comisión Técnica Liquidadora dio a conocer un nuevo informe en el que expone el manejo de fondos públicos, contratos y ejecución de proyectos vinculados a instituciones del área cultural y cinematográfica, donde se detallan pagos de alto valor y la asignación de recursos a diversas iniciativas financiadas por el Estado.
De acuerdo con el reporte presentado, se identificaron transferencias y desembolsos relacionados con la Dirección de Cinematografía y otras dependencias del sector cultural, en las que se habrían destinado decenas de millones de lempiras anuales para el desarrollo de producciones audiovisuales, documentales y actividades vinculadas a la promoción artística del país.
El documento también forma parte de una revisión más amplia que la comisión ha venido realizando sobre instituciones suprimidas o en proceso de reorganización, donde se examinan contratos, pagos por servicios de difusión, así como la relación entre la inversión pública y los resultados obtenidos en cada programa evaluado.
Asimismo, el informe señala que varios de estos fondos habrían sido administrados bajo esquemas que ahora están siendo sometidos a auditoría técnica y financiera, con el fin de determinar si los recursos cumplieron con los objetivos establecidos o si existen posibles irregularidades en su ejecución.
La Comisión Técnica Liquidadora fue creada como parte de un proceso de reordenamiento del aparato estatal, orientado a revisar instituciones, optimizar el gasto público y transferir bienes y recursos a dependencias consideradas prioritarias.
En este marco, se han presentado diversos informes que incluyen hallazgos sobre gastos administrativos, contratación de servicios de comunicación, ejecución de proyectos culturales y el uso de fondos públicos en diferentes secretarías, lo que ha abierto debates sobre la eficiencia del gasto estatal y los mecanismos de control financiero.
Las autoridades han indicado que toda la documentación recopilada será remitida a los entes de fiscalización y control para su respectiva investigación, con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si hubo o no afectaciones al patrimonio público.
