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La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe público sobre el proceso de supresión, liquidación y reorganización de diversas instituciones del Estado, en cumplimiento del decreto PCM 04-2026, revelando una serie de hallazgos administrativos y financieros que serán trasladados a las autoridades competentes para su investigación.

La exposición del informe se realizó en el Salón Morazán de Casa Presidencial, donde el coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, junto a los demás integrantes, detalló los avances alcanzados en materia de ordenamiento institucional, manejo de recursos y redistribución de bienes públicos.

Según lo expuesto, el proceso ha implicado pagos por prestaciones laborales que superan los 126 millones de lempiras, quedando aún pendientes poco más de 5.4 millones, además de un ahorro significativo derivado de la cancelación de arrendamientos estatales.

La comisión destacó que la eliminación de contratos de alquiler ha permitido un ahorro mensual estimado en 2.9 millones de lempiras, lo que se traduce en más de 35 millones al año, recursos que, según indicaron, podrán reorientarse a áreas prioritarias del Estado.

No obstante, el informe también abrió cuestionamientos al señalar posibles irregularidades que deberán ser investigadas por los entes de control.

Entre los hallazgos más relevantes se mencionan indicios de uso de recursos públicos con fines político-partidarios, incluyendo gastos en alimentación, material promocional y servicios de difusión institucional. Asimismo, se reportó la existencia de personal en planilla sin evidencia clara de prestación de servicios, situación que será verificada mediante auditorías específicas.

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la desaparición de memorias, discos duros y otros dispositivos electrónicos de instituciones intervenidas, lo que implica la posible pérdida de información pública relevante. La comisión advirtió que este hecho será objeto de denuncia formal, al considerar que compromete la trazabilidad de datos estatales.

También se detallaron casos de altos costos en servicios de comunicación y transmisión institucional, con registros que apuntan a montos que podrían alcanzar aproximadamente 70 mil lempiras por minuto de difusión, cifras que serán sometidas a análisis técnico y financiero para determinar su razonabilidad.

En el ámbito sectorial, el informe incluye observaciones sobre la Dirección General de Cinematografía, que maneja más de 60 millones de lempiras anuales en proyectos culturales, cuya ejecución y resultados serán auditados para evaluar su impacto real. De igual forma, el Instituto de la Memoria fue señalado por la aparente falta de evidencia operativa durante el proceso de intervención.

Otro caso relevante es el del Hospital Neonatal de Occidente, donde, según documentación revisada, la obra registra un avance aproximado del 27%, pese a desembolsos estatales que superan los 118 millones de lempiras.

Además, se alertó que el equipo biomédico adquirido permanece almacenado, con garantías en curso, lo que podría derivar en riesgos de pérdida de financiamiento por parte de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Finalmente, la comisión informó la transferencia de más de 5 mil bienes estatales, valorados en aproximadamente 38.6 millones de lempiras, a otras instituciones del Estado como parte del proceso de reorganización administrativa.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan mejorar la eficiencia del gasto público, fortalecer la transparencia y asegurar que los recursos del Estado se orienten hacia sectores estratégicos como salud, educación e infraestructura, mientras los hallazgos quedan ahora en manos del Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público para su correspondiente investigación.