Comisión del Congreso presenta nómina para cargos electorales
La presentación de esta lista representa una nueva etapa dentro del procedimiento legislativo para elegir a quienes asumirán responsabilidades en dos de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, legalidad y estabilidad del sistema electoral hondureño.

26 de mayo de 2026
La Comisión Especial del Congreso Nacional dio a conocer la nómina oficial de 24 autopostulantes que avanzan en el proceso para ocupar las vacantes disponibles en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), órganos clave para la institucionalidad democrática del país.
La presentación de esta lista representa una nueva etapa dentro del procedimiento legislativo para elegir a quienes asumirán responsabilidades en dos de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, legalidad y estabilidad del sistema electoral hondureño.
El proceso surge tras la necesidad de llenar varias plazas vacantes en ambos organismos. En el caso del CNE, deberán seleccionarse nuevos consejeros luego de recientes cambios en su integración, mientras que el TJE también requiere completar cargos de magistrados propietarios y suplentes, en medio de un contexto político marcado por el debate sobre el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
De acuerdo con la Comisión Especial, los 24 aspirantes fueron incluidos tras cumplir con los requisitos establecidos y superar las etapas iniciales de revisión documental y evaluación. Ahora corresponderá al pleno del Congreso Nacional analizar los perfiles y avanzar hacia la elección definitiva mediante mayoría calificada.
Diversos sectores políticos y sociales mantienen expectativa sobre este proceso, al considerar que las decisiones que se adopten influirán directamente en la organización y supervisión de futuros procesos electorales en Honduras.
La conformación de nuevas autoridades en el CNE y el TJE es vista como un paso determinante para reforzar la credibilidad del sistema democrático y asegurar que ambas instituciones puedan desempeñar sus funciones con independencia y legitimidad.








