Colón, Yoro y La Paz lideran conflictos relacionados a invasiones
Estos conflictos suelen concentrarse en zonas con alto valor agrícola, ambiental o estratégico, donde coinciden intereses comunitarios, empresariales y del Estado, generando tensiones recurrentes en varios departamentos.
24 de junio de 2026
Un reciente análisis sobre la conflictividad territorial en el país revela que tres departamentos del norte y occidente concentran la mayor parte de los casos registrados, evidenciando una fuerte concentración de disputas vinculadas al uso, tenencia y control de la tierra en distintas regiones del territorio nacional.
La conflictividad territorial en Honduras ha sido objeto de diversos estudios que señalan un incremento de disputas relacionadas con la tierra, recursos naturales y proyectos productivos. Estos conflictos suelen concentrarse en zonas con alto valor agrícola, ambiental o estratégico, donde coinciden intereses comunitarios, empresariales y del Estado, generando tensiones recurrentes en varios departamentos.
De acuerdo con el informe del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), los departamentos de Colón, Yoro y La Paz concentran alrededor del 80% de los casos registrados a nivel nacional, lo que los posiciona como los territorios con mayor nivel de conflictividad en el país.
El estudio detalla que estas zonas reúnen una parte significativa de los conflictos vinculados al acceso a la tierra, la expansión de actividades agroindustriales, proyectos energéticos y disputas por recursos naturales, lo que ha mantenido una presión constante sobre las comunidades locales.
Asimismo, el informe señala que una parte importante de los casos corresponde a disputas agrarias, aunque también se incluyen conflictos relacionados con actividades mineras y energéticas, lo que amplía el espectro de tensiones en estos territorios.
Especialistas consultados en el estudio advierten que la concentración de estos conflictos en regiones específicas responde a la importancia estratégica de estos territorios, tanto por su potencial productivo como por su valor ambiental, lo que incrementa la competencia entre distintos actores sociales y económicos.
El análisis también plantea que la persistencia de estas disputas podría mantener o incluso incrementar la conflictividad en los próximos años si no se fortalecen los mecanismos de mediación, regulación y atención estatal en las zonas más afectadas.
En este escenario, organizaciones sociales y centros de estudio han reiterado la necesidad de abordar el problema desde un enfoque integral que incluya seguridad jurídica, desarrollo rural y gestión sostenible de los recursos naturales para reducir la tensión en los territorios más afectados del país.
