Cohep exige rendición de cuentas por uso de fondos sociales
Esta postura surge luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hiciera pública una lista de diputados liberales y del movimiento de Salvador Nasralla que habrían recibido recursos del Fondo Social.
4 de julio de 2025
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de su directivo Armando Urtecho, reiteró la exigencia de que todas las instituciones del Estado rindan cuentas claras sobre el uso de fondos públicos, en especial aquellos destinados a labores sociales. Esta postura surge luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hiciera pública una lista de diputados liberales y del movimiento de Salvador Nasralla que habrían recibido recursos del Fondo Social.
Según Urtecho, la Ley de Presupuesto, en su artículo 349, establece que los diputados no están facultados para gestionar ni recibir fondos públicos. Por tanto, recalcó que la responsabilidad de estos movimientos recae en las instituciones involucradas y, especialmente, en la Secretaría de Finanzas, que es la entidad encargada de autorizar la asignación y ejecución de estos recursos.
Luis Redondo, por su parte, compartió en redes sociales un listado que incluye a 28 diputados, entre propietarios y suplentes, quienes habrían solicitado asignaciones del Fondo Social. Entre los mencionados se encuentran Jorge Cálix, Yahvé Sabillón, Kathia Crivelli, Mauricio Rivera, Mario Segura, Erika Urtecho y Héctor Cerrato. De acuerdo con la información divulgada, las subvenciones habrían sido justificadas como apoyo a proyectos urgentes de desarrollo, emprendimiento y fortalecimiento comunitario.
Los montos asignados a algunos diputados son significativos: Yahvé Sabillón recibió 6.5 millones de lempiras; Jorge Cálix, 6.5 millones; Erika Urtecho, 13.5 millones; Kathia Crivelli, 1.5 millones; Mario Segura, 4.9 millones; y Mauricio Rivera, 6.5 millones. Redondo afirmó además que las subvenciones otorgadas en 2023 fueron liquidadas por algunos congresistas, pero en ciertos casos, como el de Cálix, se solicitó subsanar observaciones pendientes.
Cohep insiste en que la transparencia es clave para garantizar un manejo adecuado de los recursos públicos y evitar que estos se conviertan en herramientas de clientelismo o corrupción.
La controversia refuerza la creciente presión sobre los entes gubernamentales para que se sometan a auditorías y controles independientes que garanticen el correcto uso del dinero del Estado.
