Cohep demanda al Estado por resolución de la CREE que fija precios de energía
La demanda del Cohep se produce en medio de un ambiente de alta tensión entre el sector privado y el gobierno por la conducción de la política energética. La desconfianza en torno a las licitaciones públicas, las decisiones unilaterales de la CREE y la falta de transparencia han encendido alertas sobre el clima de inversión en Honduras.
24 de junio de 2025
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó una demanda contra el Estado de Honduras ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, solicitando la nulidad de la resolución 036-2025 emitida por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). Esta resolución está relacionada con la fijación de precios en el mercado energético y, según Cohep, atenta contra la libertad de empresa y el principio de libre competencia económica.
La demanda del Cohep se produce en medio de un ambiente de alta tensión entre el sector privado y el gobierno por la conducción de la política energética. La desconfianza en torno a las licitaciones públicas, las decisiones unilaterales de la CREE y la falta de transparencia han encendido alertas sobre el clima de inversión en Honduras. El país enfrenta retos estructurales en generación y distribución de energía, y los intentos del Estado por resolverlo han generado preocupación en cuanto al respeto de principios legales, económicos y democráticos.
Cohep argumenta que la decisión de la CREE establece un marco regulatorio que restringe la participación equitativa de los actores del sector energético, al imponer condiciones que limitan la competitividad y distorsionan el mercado, generando inseguridad jurídica para inversionistas nacionales e internacionales.
En línea con esta preocupación, la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER) también expresó su inquietud sobre la celeridad con la que se impulsa la nueva licitación energética, en especial en el contexto preelectoral rumbo a noviembre de 2025. AHER cuestionó la transparencia del proceso y alertó sobre la posibilidad de trato preferencial, lo que, según sus declaraciones, debilita la confianza del sector privado y la comunidad internacional en la institucionalidad hondureña.
Asimismo, el especialista en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez, criticó que la legislación hondureña y regional prohíbe prácticas discriminatorias entre inversionistas nacionales e internacionales, sin embargo, algunos actores locales ya han manifestado sentirse excluidos del proceso.
Cabe recordar que esta controversia surge luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara una licitación para contratar 1,500 megavatios de potencia firme a largo plazo, con un cronograma que espera incorporar 800 MW en 2027, 300 MW en 2028 y 400 MW en 2029, con el fin de garantizar la cobertura energética nacional hacia 2030.
