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La Ley de Justicia Tributaria es una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca eliminar exoneraciones fiscales y crear un sistema tributario más equitativo y transparente. Sin embargo, el sector empresarial ha manifestado su oposición, argumentando que la eliminación de incentivos fiscales podría desalentar la inversión y afectar la competitividad del país. La discusión de la ley en el Congreso Nacional ha generado controversia, especialmente por los intentos de aprobarla sin un debate amplio y transparente.

El COHEP y otros representantes del sector privado han solicitado al gobierno y al Congreso que se realice un análisis técnico y social de la ley, y que se tomen en cuenta las opiniones de los diferentes sectores antes de su aprobación.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) expresó su preocupación ante la posible aprobación de la Ley de Justicia Tributaria (LJT) en el Congreso Nacional, señalando que esta podría alejar la inversión y afectar negativamente el empleo en el país. Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, destacó que más de un millón y medio de hondureños enfrentan problemas de empleo, y que la aprobación de la LJT sin un análisis técnico y social adecuado podría empeorar esta situación.

Gallardo también criticó la forma en que se estaría discutiendo la ley en el Congreso, calificando de poco transparente los intentos de aprobarla en horarios nocturnos. El 7 de mayo, un intento de aprobar el dictamen de la LJT fue frustrado cuando diputados de la oposición regresaron al hemiciclo y detuvieron la votación que se pretendía realizar por capítulos en lugar de artículos.

La LJT propone la eliminación de al menos 14 regímenes fiscales, incluyendo beneficios e incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones y liberaciones tributarias o aduaneras. Esto afectaría a sectores clave como la industria textil, la camaronera, la de palma y la del café, que son vitales para la generación de empleo y las exportaciones del país.

Además, la ley plantea la revelación del secreto bancario, lo que permitiría al Estado conocer detalles de las cuentas bancarias de los ciudadanos. Armando Urtecho, director ejecutivo del COHEP, expresó su preocupación por esta medida, señalando que podría poner en riesgo los fondos de los ciudadanos y ser utilizada de manera indebida por funcionarios públicos.

El COHEP insta a que cualquier reforma tributaria considere las particularidades de los sectores productivos y que se realice un análisis exhaustivo de sus posibles impactos antes de su aprobación.