Cohep advierte que injerencias ponen en riesgo la democracia y la estabilidad del país
El pronunciamiento ocurre tras la polémica orden emitida por el fiscal general, Johel Zelaya, quien instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a intervenir las instalaciones del órgano electoral y citar a sus tres consejeros en el marco de una investigación penal.
31 de julio de 2025
En medio de la creciente tensión política que envuelve el proceso electoral de noviembre, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) rompió el silencio este miércoles y lanzó una enérgica exigencia: respeto total a la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El pronunciamiento ocurre tras la polémica orden emitida por el fiscal general, Johel Zelaya, quien instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a intervenir las instalaciones del órgano electoral y citar a sus tres consejeros en el marco de una investigación penal.
“Exigimos que se permita el ejercicio pleno de la autonomía funcional del CNE, sin intromisiones externas, como garantía de un proceso electoral legítimo y transparente”, expresó Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, al leer el comunicado oficial de la organización.
La cúpula empresarial advirtió que cualquier intento de presión o interferencia en las labores del CNE representa una amenaza directa contra la institucionalidad democrática y podría desatar una crisis de gobernabilidad a solo cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre.
El fiscal Zelaya ha justificado su actuación alegando una investigación por supuestos delitos graves, entre ellos traición a la patria, prevaricato administrativo y abuso de autoridad. Los tres consejeros citados son Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, a quienes se les vincula con presuntas irregularidades que, según el Ministerio Público, podrían poner en riesgo la seguridad del Estado y la integridad del proceso electoral.
Frente a estos hechos, el Cohep subrayó que “la Constitución establece claramente la separación de poderes y los límites que deben respetar los órganos del Estado”. También recordó que el CNE es un ente autónomo con funciones estratégicas en materia de seguridad nacional y garante de la democracia.
El comunicado enfatiza que la ciudadanía espera participar en unas elecciones justas y limpias, y que es deber de las autoridades garantizar ese derecho sin manipulaciones políticas ni maniobras judiciales que afecten el desarrollo del proceso.
Además, el sector privado solicitó al Congreso Nacional extender el plazo para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), herramienta esencial para dar transparencia a los resultados de los comicios.
“Ante esta incertidumbre jurídica, el Parlamento tiene una responsabilidad histórica: asegurar un proceso electoral de calidad”, expresó el Cohep.
Por su parte, el director ejecutivo del organismo, Armando Urtecho, fue tajante: “Los consejeros del CNE no dependen de nadie, son autónomos y ninguna autoridad puede dirigirles el proceso. No se puede permitir que actores externos, sean políticos o judiciales, impongan decisiones dentro del órgano electoral”.
El mensaje del empresariado llega como un llamado de atención ante un escenario electoral que, lejos de aclararse, se enturbia con cada día que pasa. Mientras tanto, la ciudadanía espera certezas y no más confrontación en el camino hacia las urnas.
