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El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advirtió que la Ley de Justicia Tributaria, impulsada por el Gobierno, no forma parte de las metas estructurales establecidas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Santiago Herrera, presidente de Política Económica del COHEP, señaló que insistir en incluir esta iniciativa dentro del paquete de reformas fiscales podría bloquear los consensos en el Congreso Nacional, lo que complicaría aún más la aprobación de medidas que el país necesita para fortalecer su economía. “Ya hemos visto los efectos de la falta de acuerdos en el Legislativo; muchas veces ni siquiera se logra sesionar, generando un vacío en la toma de decisiones importantes”, subrayó.

El dirigente empresarial detalló que, durante la última revisión con el FMI, el énfasis estuvo en mantener la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento proyectado del 3.5 por ciento y reservas internacionales robustas. Sin embargo, criticó que estos logros no se reflejan en una reducción de la pobreza ni en una mejora directa de las condiciones de vida de la población.

“Lo que realmente genera confianza en la inversión es que el gasto público se oriente hacia las prioridades del país, acompañado de reformas que incentiven al sector privado y reduzcan la informalidad”, apuntó.

Herrera también cuestionó que mientras sectores como telecomunicaciones y banca muestran dinamismo, actividades estratégicas como la agricultura, la industria y los servicios permanecen estancadas. A su criterio, este desbalance representa un desafío urgente que debe atenderse con políticas claras y estímulos adecuados.

En relación con la Ley de Justicia Tributaria, aclaró que aunque no está dentro de los compromisos con el FMI, sí existe interés en revisar exoneraciones y modernizar el sistema fiscal. En ese sentido, reiteró la disposición del sector privado a dialogar, pero insistió en que la nueva normativa debe fomentar la inversión y la generación de empleo, y no convertirse en un freno para el crecimiento económico.

Por su parte, el FMI, en su más reciente informe, reconoció la importancia de reducir las exoneraciones fiscales, que en Honduras son elevadas en comparación con otros países de la región. No obstante, el organismo internacional subrayó que su enfoque central sigue siendo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad financiera.

Con este intercambio de posturas, el debate sobre la reforma tributaria en Honduras se perfila como uno de los principales retos para los próximos meses, en un ambiente político marcado por la falta de acuerdos en el Congreso y la presión de diferentes sectores económicos y sociales.