COHEP: Protestas por caso Koriun dejan más de L 880 millones en pérdidas
El gerente de Política Económica del COHEP, Santiago Herrera, explicó que diariamente circulan más de 846 camiones por esa carretera, lo cual representa un flujo comercial de 34 millones de dólares al día. Las constantes interrupciones han provocado graves retrasos en la entrega de productos de exportación, afectando la capacidad de cumplimiento de contratos y dañando la imagen del país como socio comercial.
2 de junio de 2025
Las protestas en la carretera entre Villanueva y Choloma, Cortés, derivadas del escándalo financiero de la financiera Koriun, han generado pérdidas económicas superiores a los 880 millones de lempiras, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El escándalo de Koriun, una supuesta financiera informal acusada de captar fondos de miles de personas sin autorización legal y no devolverlos, ha generado indignación social y bloqueos en puntos clave del norte de Honduras. Las víctimas exigen la devolución de su dinero y castigo para los responsables, mientras el impacto económico de las protestas escala a niveles nacionales.
El gerente de Política Económica del COHEP, Santiago Herrera, explicó que diariamente circulan más de 846 camiones por esa carretera, lo cual representa un flujo comercial de 34 millones de dólares al día. Las constantes interrupciones han provocado graves retrasos en la entrega de productos de exportación, afectando la capacidad de cumplimiento de contratos y dañando la imagen del país como socio comercial.
Herrera destacó que la zona afectada, entre San Pedro Sula, Villanueva y Choloma, concentra más del 40 % del PIB del sector servicios y más del 30 % del PIB industrial del país, y que en esa área más de 300 mil hondureños viven, trabajan y transitan diariamente, por lo que los bloqueos afectan a una gran parte de la población.
“Instamos a quienes protestan por el caso Koriun a seguir demandando soluciones, pero sin perjudicar a terceros”, señaló Herrera. Asimismo, exhortó al Gobierno y a las instituciones del Estado como el Ministerio Público (MP) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) a actuar conforme a la ley, investigar el caso, sancionar a los responsables del fraude financiero y resarcir a los afectados.
Herrera insistió en que debe buscarse una solución legal que permita la recuperación de los recursos perdidos y se garantice justicia a quienes fueron perjudicados por la financiera.
