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El Consejo Nacional Electoral (CNE) evaluará posibles sanciones y deducciones a la empresa colombiana ASD-SAS, encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), luego de una serie de fallas que afectaron la publicación oportuna de los datos en plena jornada postelectoral.

Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, quienes han sido críticas de la ejecución técnica, señalaron que el sistema sufrió dos apagones uno el lunes y otro el miércoles sin que la compañía consultara al pleno ni explicara de inmediato las causas. Ambas recordaron que el contrato supera los 112 millones de lempiras y que el servicio debía operar sin interrupciones, especialmente durante la fase más delicada del escrutinio.

Aunque los señalamientos han aumentado en las últimas horas, las autoridades del CNE señalaron que cualquier evaluación formal se realizará después de concluir las elecciones.

López afirmó que, pese a las dificultades técnicas “atribuibles a la empresa proveedora”, el CNE continúa ejecutando la planificación establecida y revisará el cumplimiento contractual conforme a la ley. Hall, por su parte, recordó que la adjudicación a ASD-SAS fue aprobada por unanimidad y que las responsabilidades deberán depurarse con rigor institucional una vez finalizado el proceso.

El consejero Marlon Ochoa no participó en la comparecencia pública y hasta ahora no se ha pronunciado sobre los incidentes, aunque sí han reaccionado actores políticos de distintas tendencias que compiten en la contienda.

Las fallas en el TREP han generado una ola de críticas de parte de los principales candidatos.

El liberal Salvador Nasralla denunció que las interrupciones coincidieron con un repunte inesperado de su contendor nacionalista Nasry Asfura y sugirió que la empresa tendría vínculos con figuras del Partido Nacional, lo que según él despertaría suspicacias sobre la transparencia del proceso.

Asfura también había cuestionado a la compañía días antes, cuando el TREP procesaba mayoritariamente actas de departamentos donde lideraba Nasralla, limitando el ingreso de zonas favorables al Partido Nacional.

En el plano municipal, Juan Diego Zelaya, aspirante nacionalista a la alcaldía del Distrito Central, aseguró que las postergaciones en el ingreso de actas rurales lo mantienen detrás de Jorge Aldana y responsabilizó directamente a la empresa por el atraso.

El jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, pidió al CNE deducir responsabilidades, argumentando que la empresa no ha estado a la altura del proceso electoral.

También trascendió que ASD-SAS habría propuesto un cambio de software para acelerar el procesamiento de actas, una medida que fue vista con recelo por los partidos en contienda debido al riesgo que implicaría en esta fase avanzada del escrutinio.

Las denuncias, críticas y fallas acumuladas colocan al sistema de transmisión en el centro de la polémica. Mientras el CNE intenta mantener el ritmo del conteo y promete una revisión contractual exhaustiva, los partidos exigen claridad y garantías ante una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

Por ahora, la certeza electoral depende de un TREP que avanza entre cuestionamientos y la expectativa de que las irregularidades sean aclaradas una vez finalice el proceso.

El desenlace no solo definirá responsabilidades técnicas, sino también la credibilidad del sistema en futuras elecciones.