CNDS endurece ofensiva contra estructuras criminales
El CNDS decidió aplicar por primera vez esta nueva figura y, según lo informado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, los nombres de las tres estructuras no serán divulgados por el momento por razones operativas.
19 de septiembre de 2026
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) acordó declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras y aprobó una serie de medidas destinadas a reforzar la respuesta del Estado contra el crimen organizado. Los acuerdos fueron adoptados durante una reunión celebrada la noche del viernes 18 de septiembre en Casa Presidencial, encabezada por el presidente Nasry Asfura.
La decisión se produce luego de las reformas al Código Penal aprobadas en mayo de 2026, mediante el Decreto 84-2026, que incorporaron disposiciones para identificar organizaciones criminales como terroristas y establecieron la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen como mecanismo de coordinación entre las instituciones responsables de combatir la delincuencia organizada.
El CNDS decidió aplicar por primera vez esta nueva figura y, según lo informado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, los nombres de las tres estructuras no serán divulgados por el momento por razones operativas. El funcionario sostuvo que la clasificación permitirá a las instituciones de seguridad utilizar las herramientas contempladas en la legislación para enfrentar a organizaciones consideradas de alta peligrosidad.
Además de la declaratoria, el Consejo autorizó una reforma orientada a establecer un régimen penitenciario especial para integrantes de estructuras criminales consideradas terroristas o de alta peligrosidad. La propuesta, que sería remitida al Congreso Nacional, contempla controles más estrictos sobre las comunicaciones de estos privados de libertad y modificaciones en las condiciones de reclusión.
Uno de los cambios planteados consiste en que las personas procesadas bajo esta figura puedan ser trasladadas a módulos de máxima seguridad incluso cuando todavía se encuentren en prisión preventiva y no tengan una sentencia firme. Zambrano señaló que la intención es impedir que desde los centros penitenciarios puedan mantenerse coordinaciones relacionadas con actividades delictivas.
Otro de los acuerdos fue la aprobación del reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen, organismo creado para articular el trabajo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la seguridad y la investigación criminal.
Como parte de esta estructura, el coronel Juan Alberto Ruiz Cerrato fue designado como coordinador o director de la Agencia. De acuerdo con Zambrano, el funcionario ya venía participando en los trabajos destinados a establecer esta política de coordinación interinstitucional.
El CNDS también autorizó avanzar en la creación de circuitos judiciales especializados para atender procesos relacionados con terrorismo y organizaciones declaradas bajo esa categoría. La propuesta contempla jueces, magistrados de apelación y fiscales especializados, además de medidas de protección para los funcionarios encargados de estos casos.
Zambrano indicó que, con las decisiones adoptadas hasta ahora, no se contempla la aplicación de un nuevo estado de excepción. La estrategia estará enfocada en utilizar las reformas legales recientemente aprobadas, fortalecer la coordinación entre las instituciones y aumentar las capacidades operativas frente a las estructuras criminales.
El presidente del Congreso aseguró además que el Legislativo respaldará las reformas legales, recursos presupuestarios y herramientas que sean requeridas por los organismos de seguridad. También adelantó que se solicitarán informes sobre la aplicación de las nuevas medidas para evaluar sus resultados y exigir cuentas a las instituciones responsables.
La estrategia incluye continuar reforzando a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con personal, capacitación, tecnología, vehículos y equipo, con el propósito de ampliar la presencia estatal en barrios, colonias, aldeas y municipios afectados por la actividad criminal.
Con estas decisiones, el Gobierno busca pasar de una respuesta centrada únicamente en operaciones policiales a un esquema que combine investigación, inteligencia, persecución penal, medidas penitenciarias y mecanismos judiciales especializados. El alcance real de las nuevas disposiciones dependerá ahora de las reformas que sean aprobadas por el Congreso y de su posterior aplicación por las instituciones correspondientes.
