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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló un informe en el que denuncia la existencia de una red de corrupción que operó entre 2022 y 2023 dentro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

Según el organismo, funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y particulares habrían participado en un esquema que desvió más de 103 millones de lempiras destinados a proyectos sociales y de infraestructura menor.

El documento, titulado “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”, detalla cómo desde el Congreso Nacional se seleccionaban proyectos y ONG beneficiarias, mientras que desde la SGJD se facilitaba la entrega de fondos.

La exgerente administrativa de la institución aparece como figura clave, ya que mantenía nexos directos con seis ONG favorecidas: su esposo figuró como apoderado legal de algunas de ellas y su cuñada integraba juntas directivas de varias organizaciones contratadas.

De acuerdo con el CNA, bajo la apariencia de legalidad se ocultó una estructura que funcionó como mecanismo de clientelismo. Los proyectos fueron asignados de manera discrecional y las ONG, al recibir los recursos, realizaron procesos de contratación privada con oferentes seleccionados directamente, sin competencia abierta.

El organismo anticorrupción advirtió que este esquema no solo comprometió la transparencia en el uso de recursos públicos, sino que también debilitó la confianza ciudadana en las instituciones estatales encargadas de promover la descentralización.

Tras la denuncia, la Secretaría de Gobernación y Justicia (SEGOB) emitió un comunicado en el que aseguró que desde 2023 inició auditorías internas para corregir prácticas irregulares y separar de sus cargos a funcionarios involucrados, incluida la exgerente administrativa señalada.

El titular de SEGOB, Tomás Eduardo Vaquero Morris, sostuvo que las delegaciones administrativas otorgadas a su exfuncionaria se hicieron en el marco de la ley, y que el CNA habría interpretado de manera errónea el alcance de esas atribuciones. Además, aclaró que las ONG denunciadas ya fueron remitidas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desde febrero de 2024, como ente competente para realizar auditorías externas.

Sobre la supuesta participación de diputados en la selección de organizaciones, SEGOB puntualizó que esta facultad corresponde al Congreso Nacional en virtud de decretos legislativos aprobados en 2022 y 2023, negando haber delegado tal función.

El CNA instó a que las investigaciones se realicen con independencia y se apliquen sanciones contra los responsables. También llamó a reforzar los mecanismos de control interno en la SGJD para prevenir la repetición de estos esquemas.

La denuncia pone de nuevo sobre la mesa los desafíos de Honduras frente a la corrupción estructural y la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos, especialmente en programas sociales destinados a poblaciones vulnerables.