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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) confirmó este jueves que ha presentado una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en la que señala a altos funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno por presuntos actos de corrupción.

Según la denuncia, las irregularidades estarían relacionadas con contrataciones directas en servicios de publicidad y propaganda a través de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE).

El CNA asegura que estas contrataciones implicaron un mal manejo de recursos públicos, con transferencias gestionadas desde la Secretaría de Finanzas hacia la SPE.

Entre los señalados están:

Christian Duarte, actual ministro de Finanzas.

Marlon Ochoa, exministro de Finanzas.

Ricardo Salgado, ministro de Planificación Estratégica.

María Eugenia Maradiaga, exgerente administrativa de la SPE.

Rosy Jaqueline Díaz, actual gerente administrativa de la SPE.

Los funcionarios han sido acusados ​​de presunta violación de los deberes de los funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.

La denuncia incluye un informe respaldado con evidencia documental que detalla las presuntas transferencias irregulares y los procesos de contratación directa cuestionados.

En un comunicado, el CNA expresó su compromiso con la lucha contra la corrupción y aseguró que el caso fue elaborado con rigor técnico y jurídico. “Hemos remitido las pruebas necesarias para que el Ministerio Público pueda proceder con las investigaciones correspondientes. Este es un paso más en la construcción de una cultura de rendición de cuentas en el país”, indicó el organismo.

Por el momento, ninguno de los funcionarios señalados ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a la denuncia. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno indican que los acusados ​​podrían ofrecer declaraciones en los próximos días para aclarar su posición frente a las acusaciones.

La UFERCO, por su parte, deberá analizar la documentación proporcionada y determinar los pasos legales a seguir en este caso que involucra a figuras importantes del actual gabinete.

El caso ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad hondureña, quienes exigen transparencia y una investigación imparcial que permita esclarecer si se cometieron o no irregularidades en el manejo de los fondos públicos asignados a publicidad y propaganda.