CNA cuestiona imparcialidad del Fiscal General tras allanamiento al CNE
Castellanos advierte quiebre institucional y exceso de poder en investigaciones electorales
31 de julio de 2025
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lanzó este miércoles una fuerte advertencia sobre el actuar del fiscal general de la República, Johel Zelaya, al considerar que sus recientes declaraciones y acciones en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE) comprometen la independencia y credibilidad de las investigaciones en curso.
“La imparcialidad del Ministerio Público está en duda”, afirmó la directora del CNA, Gabriela Castellanos, al denunciar que el titular del ente acusador emitió valoraciones “personales e inapropiadas” mientras continúa abierta una investigación sobre supuestos delitos cometidos por los tres consejeros del CNE.
Las declaraciones de Castellanos se dan en el marco de la creciente tensión política e institucional provocada por la intervención ordenada por el fiscal en el organismo electoral, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que fue instruida para ingresar al CNE y asegurar documentación oficial como parte de un proceso por presunta conspiración, extorsión y abuso de autoridad.
“El fiscal general ostenta el monopolio de la acción penal, pero eso no le da licencia para opinar públicamente como parte interesada en medio de una investigación activa”, subrayó Castellanos. Agregó que estas actitudes solo debilitan el Estado de derecho y vulneran la institucionalidad que debería garantizar procesos libres y confiables en el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
La titular del CNA recordó que la Constitución hondureña establece claramente, en su artículo 232, que las investigaciones del Ministerio Público deben ejecutarse con autonomía, sin presiones externas ni motivaciones políticas. “Es necesario recordar a los operadores de justicia que el debido proceso y la confidencialidad no son opcionales, sino garantías esenciales en una democracia funcional”, añadió.
La intervención al CNE ha desatado una ola de críticas. A las denuncias del CNA se suma la postura de organizaciones empresariales como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que también ha exigido respeto a la autonomía del ente electoral y ha alertado sobre las graves consecuencias que puede acarrear una crisis de legitimidad en pleno año electoral.
El conflicto escaló aún más con la polémica decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien se negó a tramitar la renuncia de la consejera Ana Paola Hall, argumentando que esa figura “no tiene validez jurídica” y, en cambio, remitió el caso al Ministerio Público como una denuncia.
Mientras tanto, el fiscal Johel Zelaya ha ratificado su posición: asegura que hay suficientes indicios para investigar a los tres consejeros Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, y advirtió que serán citados a declarar. “Si no comparecen, se actuará conforme a derecho”, sentenció.
La presidenta del CNE, Cossette López, ha calificado el ambiente interno como “insostenible”, denunciando presiones y amenazas que según ella buscan desmantelar el organismo desde adentro. A pesar de ello, reiteró que no abandonará su cargo y defenderá la legalidad del proceso electoral.
En medio de este panorama, el CNA hace un llamado urgente a la moderación y al respeto de la ley. “No se puede construir democracia desde la intimidación institucional ni con actores que cruzan la línea entre justicia y política”, sentenció Castellanos.
Con el reloj electoral en cuenta regresiva y la confianza pública debilitada, los cuestionamientos al fiscal general añaden un nuevo ingrediente a la crisis que amenaza con socavar la legitimidad del proceso electoral hondureño de 2025.
