CNA critica publicación de ley de la CICIH como abuso de poder
Para el organismo de sociedad civil, la decisión de dejar como vigente una norma que no cumplió con los requisitos constitucionales constituye una afrenta al principio de legalidad y al debido proceso legislativo.
2 de febrero de 2026
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) arremetió públicamente contra la reciente publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” de un decreto relacionado con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), catalogándola como un acto irregular que atenta contra la legalidad y la institucionalidad del país.
El documento en cuestión, identificado como Decreto 48‑2025, fue remitido para su divulgación el 22 de enero de 2026 por decisión del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pocos días antes de concluir su mandato al frente del Legislativo.
Una vez publicado, el texto quedó consignado oficialmente como parte del marco legal de Honduras, pese a que no había alcanzado la votación calificada requerida en el pleno para una modificación de carácter constitucional.
Según el decreto, la CICIH mecanismo que busca combatir la corrupción de alto impacto habría sido dotada de personalidad jurídica y la figura de “querellante autónomo”, con facultades para participar directamente en procesos judiciales dentro del país, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, Honduras aún no ha firmado un tratado vinculante con la ONU para la creación formal de esta comisión, pues hasta la fecha solo se han alcanzado memorándums de entendimiento sin efectos jurídicos plenos.
En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, el CNA rechazó la publicación del decreto, al considerarla un “abuso de poder” que se suma a lo que la organización define como una serie de excesos institucionales que debilitan la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el Poder Legislativo.
Para el organismo de sociedad civil, la decisión de dejar como vigente una norma que no cumplió con los requisitos constitucionales constituye una afrenta al principio de legalidad y al debido proceso legislativo.
Expertos en derecho constitucional y sectores políticos han expresado su preocupación por la medida, señalando que la figura de querellante autónomo para un órgano internacional no puede implementarse sin antes garantizar su base legal mediante un tratado con la ONU y la correspondiente reforma constitucional.
Juristas han subrayado además que la simple publicación de una norma no garantiza automáticamente su validez si incumple los procedimientos previstos por la ley hondureña.
La controversia ha generado un debate político y jurídico en torno al rol de la CICIH y la forma en que se busca integrarla al ordenamiento nacional, así como sobre la responsabilidad de autoridades y exautoridades implicadas en la gestión del decreto.
Para organizaciones como el CNA, que desde hace años trabaja en la lucha contra la corrupción en Honduras, estos hechos representan un retroceso que podría afectar la percepción pública sobre la transparencia y el respeto a las normas en la conducción de los asuntos de Estado.
