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El Congreso Nacional aprobó una nueva medida de amnistía orientada a facilitar la regularización de armas de fuego de uso comercial, con el propósito de ordenar el registro y control de estos equipos dentro del marco legal vigente en Honduras.

En Honduras, la tenencia y portación de armas está regulada por la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, que establece requisitos específicos para su registro y legalización.

Sin embargo, diversas armas en circulación permanecen fuera del sistema formal, lo que ha impulsado la implementación de mecanismos temporales como amnistías para incentivar su inscripción y actualización de datos.

La iniciativa aprobada por el Poder Legislativo busca permitir que personas naturales y jurídicas que poseen armas de uso comercial puedan regularizar su situación sin enfrentar sanciones administrativas o legales durante el periodo establecido.

De acuerdo con lo discutido en el hemiciclo, la medida pretende fortalecer el control estatal sobre el armamento en circulación, mejorar la trazabilidad de las armas registradas y reducir los riesgos asociados a la tenencia irregular.

Las autoridades legislativas señalaron que este tipo de disposiciones también contribuyen a reforzar las políticas de seguridad ciudadana, al facilitar la actualización de los registros oficiales y permitir un mayor control por parte de las instituciones competentes.

Asimismo, se indicó que la amnistía estará acompañada de procesos administrativos específicos para la verificación de documentos, inspección de armas y actualización de licencias, con el fin de garantizar que el procedimiento se realice bajo estándares de seguridad.

El Congreso destacó que la medida tiene carácter temporal y busca incentivar la participación de los propietarios de armas en el proceso de legalización, evitando sanciones mientras dure el periodo establecido.

Con esta aprobación, el país avanza en la implementación de acciones orientadas al ordenamiento del control de armas, en un contexto donde las autoridades buscan reducir la circulación irregular y fortalecer la seguridad pública.