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El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) presentó un informe titulado “Lecciones y Aprendizajes del Proceso Electoral Primario y los Riesgos para las Elecciones Generales de Noviembre en Honduras”, en el que advierte sobre múltiples amenazas que podrían comprometer la transparencia, legitimidad y estabilidad del proceso electoral hondureño previsto para el 30 de noviembre de 2025.

Honduras se prepara para celebrar elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, en un clima de creciente desconfianza institucional. A pesar de las lecciones del proceso electoral primario de marzo, persisten y se agravan problemas estructurales que podrían comprometer la legitimidad del proceso. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) advierte que, si no se adoptan medidas urgentes, el país podría enfrentar una nueva crisis de gobernabilidad con consecuencias para su frágil democracia.

El estudio, basado en monitoreo técnico y estándares internacionales de derechos humanos, señala que lejos de corregir los errores del proceso primario de marzo, las deficiencias se han profundizado. El informe identifica diez riesgos clave agrupados en cinco grandes categorías: institucionales, logísticos, de gobernanza, de seguridad y de transparencia.

Entre los principales riesgos destacan:

Aprobación tardía del presupuesto electoral, que impide iniciar a tiempo procesos cruciales como la contratación del sistema de transmisión de resultados (TREP) y la auditoría externa.

Deficiente capacitación técnica de custodios informáticos y miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), con fuertes brechas digitales, especialmente en zonas rurales.

Falta de reglamentos técnicos y protocolos operativos, lo que deja vacíos legales aprovechables por intereses políticos.

Fallas logísticas persistentes, como las ocurridas en marzo, que derivaron en protestas por demoras de más de 12 horas en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Fragmentación interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) y renuncias de personal técnico clave.

Opacidad en las contrataciones públicas y presunto fraude por más de 64 millones de lempiras, bajo investigación del Ministerio Público.

Débil fiscalización del financiamiento político, con falta de sanciones y acceso restringido a información sobre aportantes.

Uso político de la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional y posible interferencia del sistema judicial en el proceso electoral.

Aumento de la violencia electoral, con al menos 15 casos registrados de asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos.

Ante este panorama, el CESPAD advierte que Honduras atraviesa una coyuntura crítica, en la que el proceso electoral corre el riesgo de desarrollarse en un clima de desconfianza institucional, desorganización operativa y posible desestabilización política.

En respuesta, el centro propone medidas urgentes como:

Establecer un pacto interpartidario mínimo para garantizar elecciones limpias.

Aprobar de inmediato el presupuesto electoral y ejecutar el cronograma técnico.

Publicar todos los reglamentos pendientes, con participación ciudadana y de observadores.

Fortalecer la transparencia en contrataciones y financiamiento político.

Aplicar medidas efectivas contra la violencia electoral y proteger a candidatos, activistas y votantes.

El informe concluye que, de no tomarse estas acciones con celeridad y compromiso institucional, las elecciones de noviembre podrían carecer de credibilidad, derivando en una crisis de gobernabilidad con repercusiones graves para la democracia y la estabilidad política del país.