CCIC rechaza uso de fondos públicos para rescatar a afectados por Koriun Inversiones
La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) se pronunció este viernes en contra del anuncio gubernamental de asumir el pago a los aportantes afectados por la empresa “Koriun Inversiones”, calificando esta decisión como “jurídicamente improcedente”.
17 de mayo de 2025
En un comunicado oficial, la CCIC recordó que “Koriun Inversiones no es una institución financiera autorizada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)”, como lo establece la normativa vigente del sistema financiero hondureño. El organismo enfatizó que la captación de fondos del público es una actividad reservada únicamente a entidades legalmente autorizadas, lo que implica que los ciudadanos que invirtieron en dicha empresa lo hicieron bajo su propio riesgo, atraídos por promesas de ganancias fuera de lo común, similares a las de esquemas piramidales.
La CCIC advirtió que “el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas privadas es jurídicamente improcedente y establecería un precedente nocivo”, ya que podría fomentar prácticas fraudulentas futuras con expectativas de rescate estatal, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país.
El comunicado subrayó que los recursos del Estado deben destinarse al bienestar común y no al rescate de “inversiones riesgosas realizadas por particulares”. Consideró, además, que cualquier intento de utilizar el presupuesto nacional con este fin sería injusto para los millones de hondureños que cumplen sus obligaciones fiscales y esperan mejoras en servicios básicos como salud, educación y seguridad.
En su pronunciamiento, la CCIC exhortó a las autoridades a investigar, identificar y sancionar a los responsables del esquema fraudulento, incluyendo a quienes lo diseñaron, promovieron o facilitaron, así como a funcionarios públicos que, por acción u omisión, pudieron haber fallado en sus funciones de supervisión y control.
Finalmente, la organización empresarial instó al Estado a redirigir sus esfuerzos hacia la educación financiera, el fortalecimiento institucional y la aplicación efectiva de la justicia, en vez de comprometer el bienestar colectivo con indemnizaciones que, a su juicio, comprometerían el desarrollo nacional.
