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La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) emitió este día un enérgico pronunciamiento ante la propuesta de que el Estado hondureño asuma el pago de los fondos perdidos por inversionistas en el caso de Koriun Inversiones, una empresa que operaba fuera del marco legal del sistema financiero nacional.

En el documento, la CCIC aclara que Koriun Inversiones no es una institución financiera reconocida ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y que su actividad de captación de fondos del público se realizó al margen de la legalidad. En ese sentido, la organización señala que quienes depositaron su dinero en dicha empresa lo hicieron de manera voluntaria, motivados por promesas de altos rendimientos, características propias de esquemas piramidales.

La CCIC manifiesta su firme rechazo a cualquier intento de utilizar recursos públicos para resarcir estas pérdidas privadas, argumentando que tal medida sería jurídicamente improcedente y abriría un peligroso precedente. “El uso de fondos del Estado para cubrir pérdidas privadas establecería un precedente nocivo y podría fomentar futuros fraudes”, advierte el comunicado.

Asimismo, la Cámara subraya que los recursos del Estado deben destinarse exclusivamente al bienestar común como salud, educación y seguridad y no al rescate de inversiones riesgosas hechas de manera individual y sin regulación. En ese marco, califica como injusto que se pretenda indemnizar a unos pocos a costa de los contribuyentes y del interés colectivo.

En lugar de medidas compensatorias, la CCIC insta a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables del esquema fraudulento, incluyendo a quienes participaron activamente en su promoción o incurrieron en omisiones desde entes públicos con funciones de supervisión. También hace un llamado a reforzar la educación financiera de la población y a fortalecer las instituciones del país, para evitar que casos similares se repitan.

Con este pronunciamiento, la CCIC busca proteger la integridad del sistema económico nacional, evitar precedentes que comprometan la estabilidad fiscal del país y reforzar el principio de responsabilidad individual frente a decisiones financieras fuera del marco legal.