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La candidata a designada presidencial por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, calificó este miércoles como un “golpe moral” y una forma de estigmatización la reciente cancelación de visas por parte de Estados Unidos a altos funcionarios hondureños, en medio de la prolongada y controvertida etapa final del proceso electoral.

Mejía señaló que este tipo de medidas puede parecer que se etiqueta a los afectados como si fueran “terroristas” o personas no bienvenidas en territorio estadounidense, al tiempo que lamentó el impacto emocional que estas decisiones tienen sobre las familias de los funcionarios sancionados.

La diputada subrayó que, aunque cada Estado tiene “una soberanía impecable” para definir sus políticas migratorias, la cancelación de visas se traduce para muchos como una sanción moral que trasciende lo personal y afecta a los allegados de quienes ejercen funciones públicas.

Además, advirtió que estas medidas pueden tener consecuencias duraderas no solo en las carreras de los involucrados, sino también en generaciones futuras debido a la estigmatización que generan.

Mejía también planteó que cuando un gobierno sigue fielmente una ideología o una tendencia política sin apegarse estrictamente a la Constitución o a los intereses nacionales, se corre el riesgo de perder lo que ella considera la “cultura democrática”.

En este sentido, afirmó que las sanciones impulsadas desde el extranjero serían una respuesta lógica a una conducta que, en su opinión, no ha respetado la ley ni los principios democráticos.

Aunque la funcionaria no cuestionó abiertamente el derecho de Estados Unidos para tomar decisiones sobre sus políticas de visas, sí enfatizó que medidas como estas, “que hablan con dureza”, reflejan un juicio sobre la credibilidad democrática de Honduras.

Señaló que, si se imponen sanciones más severas en el futuro, sería porque, según Estados Unidos, existen pruebas claras que justifican dicha acción.

La controversia nace de una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en los últimos días revocó la visa del magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y negó la solicitud de visa al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por considerar que ambos habrían obstaculizado el conteo de votos tras las elecciones del 30 de noviembre.

Estas acciones forman parte de una medida más amplia anunciada por Washington para disuadir lo que denomina actos que “socavan la democracia” y la estabilidad regional.

Este anuncio ocurre en un clima de tensión política en Honduras, donde el escrutinio especial de actas con inconsistencias ha retrasado la declaratoria oficial de los resultados, obligando a prolongar el proceso mucho más allá de la fecha prevista.

Sectores políticos han debatido si esta intervención diplomática constituye presión externa o una forma legítima de garantizar transparencia electoral.

Asimismo, algunos analistas no descartan la posibilidad de que se sigan aplicando restricciones de visas a otros funcionarios si se mantienen las preocupaciones sobre la conducción del proceso.

En medio de estas tensiones, Mejía lamentó el impacto de las medidas en las familias de los funcionarios afectados, recordando que “los políticos muchas veces olvidamos que nuestras decisiones repercuten en nuestros seres queridos”.

Para ella, la situación es un reflejo de las consecuencias de no actuar con apego a las normas constitucionales dentro del ejercicio de funciones públicas, lo cual termina transformándose en un “castigo moral” con efectos que, según afirmó, podrían sentirse más allá del corto plazo político.