Caso Roosevelt Hernández sigue bajo análisis del MP
Los señalamientos se remontan a febrero de 2025, cuando Roosevelt Hernández, en ese entonces al frente del Estado Mayor Conjunto, fue cuestionado por acciones legales y declaraciones relacionadas con publicaciones periodísticas sobre las Fuerzas Armadas.
23 de julio de 2026
El Ministerio Público mantiene en etapa de investigación las denuncias presentadas contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, mientras sectores de derechos humanos y organizaciones vinculadas a la libertad de prensa han solicitado avances en el proceso. Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado la presentación de un requerimiento fiscal en su contra.
Las diligencias están relacionadas con señalamientos surgidos en 2025 por supuestas acciones de intimidación contra periodistas y medios de comunicación. El caso incluye análisis de información y pruebas presentadas por los denunciantes, como parte del proceso de investigación que busca determinar si existen responsabilidades legales.
La investigación que involucra al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, continúa sin una acusación formal presentada ante los tribunales, mientras el Ministerio Público mantiene abiertas las diligencias para establecer si los hechos denunciados ameritan la presentación de un requerimiento fiscal.
El expediente surgió a raíz de denuncias relacionadas con presuntas acciones que habrían afectado la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido que el proceso avance y que las autoridades determinen si existen elementos suficientes para continuar con una etapa judicial.
Dentro de las actuaciones realizadas por la Fiscalía se encuentra la solicitud para la participación de un perito encargado de analizar material relacionado con las denuncias interpuestas por comunicadores. Este procedimiento forma parte de la recopilación de elementos técnicos necesarios antes de tomar una decisión sobre posibles acciones legales.
La defensora de derechos humanos Dina Meza ha señalado públicamente su preocupación por la falta de avances visibles en el caso y ha solicitado que las autoridades actúen con transparencia para esclarecer los hechos denunciados. Según sus declaraciones, las investigaciones deben continuar hasta determinar si hubo afectaciones contra periodistas y medios de comunicación.
Los señalamientos se remontan a febrero de 2025, cuando Roosevelt Hernández, en ese entonces al frente del Estado Mayor Conjunto, fue cuestionado por acciones legales y declaraciones relacionadas con publicaciones periodísticas sobre las Fuerzas Armadas. Diversos medios y organizaciones interpretaron esos hechos como una posible presión contra la labor informativa.
Por su parte, fuentes del Ministerio Público han indicado que la institución continúa desarrollando las investigaciones correspondientes y que cualquier decisión sobre un posible requerimiento fiscal dependerá de los resultados obtenidos durante la etapa de análisis. Hasta el momento no existe una acusación oficial presentada ante un juez competente.
