Caso Murray Farmer: proceso judicial se extiende mientras persiste disputa con el Estado
El empresario estadounidense Murray Paul Farmer cumplió hoy 37 días bajo la medida de arresto domiciliario en Honduras. Tras su segunda audiencia este 22 de abril, las autoridades judiciales han programado la continuación del proceso para el próximo 15 de mayo.
22 de abril de 2026
El proceso judicial contra el empresario estadounidense Murray Paul Farmer continuará desarrollándose en los tribunales hondureños luego de que, tras la audiencia celebrada este 22 de abril, se programara su reanudación para el próximo 15 de mayo.
Farmer, representante de la firma DRC Inc., permanece bajo arresto domiciliario desde hace más de un mes, como parte de las medidas cautelares dictadas por el juez que conoce la causa. Además, mantiene prohibición de salida del país mientras avanza el proceso por el presunto delito de fraude en perjuicio del Estado.
El caso tiene sus raíces en proyectos de infraestructura ejecutados tras el paso del huracán Huracán Mitch, particularmente en obras de agua potable y alcantarillado. Según el Ministerio Público, el empresario estaría vinculado a un esquema que derivó en un laudo arbitral considerado irregular, el cual habría generado obligaciones millonarias para el Estado hondureño, superiores a los 3,000 millones de lempiras.
Las autoridades sostienen que dicho laudo presenta inconsistencias legales y posibles maniobras fraudulentas; sin embargo, la defensa de Farmer rechaza categóricamente estas acusaciones.
En declaraciones brindadas durante el proceso, el empresario ha insistido en que no ha cometido ningún delito, argumentando que su participación se limitó a ejecutar obras con inversión propia, por las cuales —según afirma— el Estado mantiene una deuda pendiente. “¿Cómo es posible que esté arrestado en un país donde hice las obras?”, cuestionó recientemente durante una comparecencia pública.
El expediente judicial también ha revelado que la Fiscalía presentó decenas de medios probatorios documentales y periciales, lo que ha llevado a la defensa a solicitar tiempo adicional para su análisis, contribuyendo a la extensión del proceso.
Mientras tanto, el caso continúa generando atención en distintos sectores, debido a sus implicaciones en materia de inversión extranjera, arbitraje internacional y responsabilidad del Estado en contratos de infraestructura.
La próxima audiencia, fijada para el 15 de mayo, será clave para determinar el rumbo de un proceso que no solo enfrenta posiciones encontradas entre acusación y defensa, sino que también pone en el centro del debate la seguridad jurídica y la relación entre Honduras y los inversionistas internacionales.
