Candidato de LIBRE admite uso de fondos estatales para campaña y lamenta filtración
El candidato reconoció que las ayudas entregadas no salieron de su bolsillo, sino de fondos del Estado, y justificó que “siempre lo han hecho los partidos políticos”, aunque admitió que el problema fue que esta vez “se filtró el video”.

7 de julio de 2025
Un nuevo escándalo sacude al Partido Libertad y Refundación (LIBRE), tras la filtración de un video en el que el candidato oficialista a la alcaldía de La Jigua, Copán, Javier Perdomo, admite abiertamente el uso de fondos estatales con fines políticos. El llamado “Cheque video” expuso conversaciones entre la diputada Isis Cuéllar y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en las que se hablaba del manejo de subvenciones para favorecer candidaturas.
Perdomo, visiblemente incómodo por la filtración, expresó que el material audiovisual afectó gravemente la imagen del partido. “Hubo malos entendidos con ese tema. Nosotros estuvimos repartiendo cuestiones como láminas, becas, cemento… era fondo departamental. Hoy le llaman subvenciones, con ese fondo el partido está haciendo política”, declaró en un video que ahora circula por redes sociales.
El candidato reconoció que las ayudas entregadas no salieron de su bolsillo, sino de fondos del Estado, y justificó que “siempre lo han hecho los partidos políticos”, aunque admitió que el problema fue que esta vez “se filtró el video”. Asimismo, anunció que las entregas de ayudas serían suspendidas para evitar más repercusiones legales y mediáticas. “Nos van a tirar duro, aparte lo están acusando a uno de robar dinero”, añadió.
Perdomo también señaló su malestar con el rumbo de la campaña, asegurando que no se defenderá públicamente ni hablará más del tema para no seguir afectando a su partido. “Yo realmente me he arrepentido de haberme metido a esa candidatura”, confesó, cerrando con una declaración polémica: “Las explicaciones se las voy a dar a los líderes, al pueblo no. No pierdo el tiempo en eso”.
Este caso refuerza las denuncias sobre el uso clientelar de los recursos públicos y pone en entredicho la transparencia del proceso electoral, a pocos meses de los comicios generales del 30 de noviembre de 2025.










