CAH rechaza propuesta de indemnizar con fondos públicos a afectados por Korium
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, declaró que es improcedente la creación de una ley que permita indemnizar con recursos estatales a las personas afectadas por la empresa Korium, señalando que dicha iniciativa violaría el marco constitucional del país.
17 de mayo de 2025
La empresa Korium está bajo investigación por operar de manera ilícita, presuntamente como un esquema financiero fraudulento que afectó a múltiples inversionistas. Ante la presión social por compensar a los afectados, la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) propuso una ley para pagar indemnizaciones con recursos estatales. El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) advierte que dicha propuesta es inconstitucional y podría constituir delito.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, declaró que es improcedente la creación de una ley que permita indemnizar con recursos estatales a las personas afectadas por la empresa Korium, señalando que dicha iniciativa violaría el marco constitucional del país.
Solórzano explicó que utilizar fondos públicos para resarcir pérdidas de una relación comercial entre privados representa un desvío ilegal de recursos nacionales. “Es darle un fin fuera del mandato constitucional de los recursos públicos que forman parte del presupuesto de la nación”, afirmó en su cuenta oficial, acompañando su postura con un análisis jurídico.
La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) ha planteado la posibilidad de emitir una normativa que permita cubrir las pérdidas de los inversionistas afectados por las operaciones de Korium, empresa actualmente bajo investigación por actividad financiera ilícita.
El titular del CAH recordó que el Estado tenía conocimiento de las operaciones irregulares de Korium desde febrero de 2025 y que, según el artículo 16 del Código de Comercio, el procedimiento adecuado habría sido establecer una comisión encargada del registro y liquidación de la entidad, no una indemnización financiada por el erario.
“El Estado tiene una amplia tarea para facultar el comercio, pero con controles efectivos que garanticen que las entidades operen en forma lícita, además de diseñar una estrategia para promover la educación financiera”, concluyó Solórzano, subrayando que la propuesta legislativa sienta un “mal precedente” y podría derivar en responsabilidades penales para quienes la aprueben.
