Caen Ochoa y Morazán tras proceso en el Legislativo
Tras las destituciones, el Congreso deberá avanzar en la designación de nuevos funcionarios que ocupen los cargos vacantes, en un momento clave para la estabilidad del sistema electoral y la confianza ciudadana en las instituciones.
17 de abril de 2026
El Congreso Nacional concretó la destitución de Marlon Ochoa y Mario Morazán tras un juicio político que marcó un nuevo episodio de tensión institucional en Honduras, en medio de señalamientos por su actuación en procesos electorales recientes.
La decisión se produce luego de varias semanas de debate legislativo y acusaciones sobre irregularidades en el desempeño de autoridades electorales, en un entorno político ya polarizado tras los comicios de 2025. Desde inicios de abril, el Legislativo había activado procesos de juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), como parte de una reconfiguración institucional impulsada desde el Congreso.
El mecanismo de juicio político, contemplado en la legislación hondureña, permite separar del cargo a funcionarios cuando se consideran faltas graves en el ejercicio de sus funciones, lo que ha generado posturas encontradas entre sectores políticos sobre su aplicación en este caso.
Con el respaldo de 88 diputados, el Congreso aprobó la destitución definitiva del consejero del CNE, Marlon Ochoa, y del magistrado del TJE, Mario Morazán, junto a otros funcionarios suplentes, tras concluir el proceso parlamentario.
La resolución se basó en denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus cargos, lo que derivó en el juicio político y posterior votación en el pleno legislativo.
El caso ha profundizado el clima de confrontación política, ya que distintos sectores cuestionan tanto el fondo de las acusaciones como la forma en que se desarrolló el proceso. Mientras algunos respaldan la medida como un paso necesario para depurar instituciones, otros advierten sobre posibles implicaciones en la independencia de los órganos electorales.
Tras las destituciones, el Congreso deberá avanzar en la designación de nuevos funcionarios que ocupen los cargos vacantes, en un momento clave para la estabilidad del sistema electoral y la confianza ciudadana en las instituciones.
