Autoridades electorales enfrentan citación clave en el Congreso
La citación surge tras la aprobación legislativa de un proceso de juicio político que obtuvo respaldo mayoritario en el hemiciclo, con el objetivo de determinar responsabilidades en torno a actuaciones vinculadas al proceso electoral de 2025.
11 de abril de 2026
El Congreso Nacional activó una nueva fase del juicio político al convocar a varios funcionarios del sistema electoral para comparecer este 13 de abril, en medio de cuestionamientos sobre su desempeño en procesos recientes.
La citación surge tras la aprobación legislativa de un proceso de juicio político que obtuvo respaldo mayoritario en el hemiciclo, con el objetivo de determinar responsabilidades en torno a actuaciones vinculadas al proceso electoral de 2025.
Este procedimiento, contemplado en la normativa hondureña, permite al Congreso evaluar la conducta de funcionarios públicos y, en caso de encontrar méritos, decidir sobre su destitución con una mayoría calificada.
La comisión especial encargada del proceso citó a funcionarios como el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, quienes deberán presentarse en distintos horarios ante el Legislativo para responder a los señalamientos en su contra.
Las audiencias forman parte de la etapa de investigación, en la que los señalados tienen la oportunidad de ejercer su derecho a defensa y explicar su actuación en torno a decisiones y acciones relacionadas con el proceso electoral. Entre las denuncias que sustentan el juicio político figuran presuntas irregularidades, ausencias en momentos clave y conflictos en la toma de decisiones institucionales.
El Congreso busca con estas comparecencias completar el informe que posteriormente será sometido al pleno, instancia que deberá decidir si procede o no una eventual destitución de los implicados. Para que esto ocurra, se requiere una votación calificada de al menos 86 diputados, conforme a la ley vigente.
En paralelo, expertos señalan que la asistencia de los citados no es determinante para la continuidad del proceso, ya que la legislación establece que el juicio político puede avanzar incluso si alguno de los funcionarios decide no presentarse, siempre que haya sido debidamente notificado.
Este proceso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política tras los cuestionamientos surgidos alrededor de los comicios recientes, lo que ha colocado a las instituciones electorales bajo un fuerte escrutinio público. Con ello, el Congreso busca esclarecer responsabilidades y reforzar la credibilidad del sistema democrático en el país.
