Auditoría detecta sobrecontratación en el 911 sin respaldo presupuestario
Este hallazgo se suma a una serie de revisiones que el actual gobierno ha comenzado en diversas dependencias estatales con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar transparencia en la gestión del personal y recursos.

3 de marzo de 2026
Una revisión interna del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE 911) reveló un crecimiento acelerado y aparentemente irregular de su nómina de personal en los últimos años, sin que existiera un respaldo económico aprobado para financiar ese incremento, según informaron autoridades durante los últimos días.
La evaluación, basada en una auditoría que abarcó desde enero de 2022 hasta diciembre de 2025, identificó que la planilla de empleados se triplicó en ese periodo, pero que en la práctica la presencia física de esos trabajadores en las instalaciones era considerablemente menor a lo registrado en la documentación oficial.
Además, parte del personal no contaba con contratos vigentes ni con respaldos documentales que justificaran su contratación.
Esta alza en la nómina se dio sin la aprobación de una modificación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas, lo que significa que no había fondos específicos garantizados para cubrir los salarios de esas plazas nuevas ni para asegurar su sostenibilidad financiera en el Presupuesto General de la República vigente.
Autoridades públicas y funcionarios del nuevo gobierno han señalado que este tipo de “planillazos” sin respaldo técnico ni presupuestario puede implicar una carga fija difícil de sostener para las finanzas estatales y han advertido que podrían existir responsabilidades administrativas o legales si se confirman violaciones a normativas vigentes.
Asimismo, la institución aseguró que, aunque se han detectado estas inconsistencias administrativas, el servicio de respuesta a emergencias continúa operando normalmente para la población. Las irregularidades encontradas serán remitidas a las instancias competentes para su seguimiento y posibles acciones legales.
Este hallazgo se suma a una serie de revisiones que el actual gobierno ha comenzado en diversas dependencias estatales con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar transparencia en la gestión del personal y recursos.










