ASJ y OABI abren control social sobre activos decomisados
La alianza fue suscrita por la titular de la OABI, Elizabeth Rodríguez Valladares, y el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, quienes coincidieron en la necesidad de robustecer los controles institucionales y garantizar el acceso a información clara sobre estos activos.
13 de abril de 2026
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) formalizaron un acuerdo de cooperación que abre la puerta a la supervisión ciudadana en el manejo de activos decomisados, con el propósito de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en Honduras.
El convenio establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para incorporar mecanismos de control social en los procesos vinculados a los bienes incautados por el Estado. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la confianza pública en la gestión de recursos provenientes de actividades ilícitas, los cuales deben ser administrados con criterios de eficiencia y legalidad.
La alianza fue suscrita por la titular de la OABI, Elizabeth Rodríguez Valladares, y el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, quienes coincidieron en la necesidad de robustecer los controles institucionales y garantizar el acceso a información clara sobre estos activos.
Como parte del acuerdo, la ASJ asumirá un rol activo en la observación y monitoreo de los procesos de administración, subasta y destino final de los bienes incautados. Esto permitirá dar seguimiento a cada etapa, asegurando que se cumplan estándares de integridad y transparencia.
El convenio también contempla la implementación de programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos al personal de la OABI, enfocados en la prevención de la corrupción y la gestión de riesgos. Estas acciones buscan fortalecer las capacidades internas de la institución y reducir posibles irregularidades en el manejo de los activos.
Durante la firma, Rodríguez Valladares destacó que la incorporación de la veeduría social y la coordinación con instancias como el Ministerio Público y el sistema judicial contribuirán a mejorar la respuesta institucional. Por su parte, Hernández subrayó que una administración transparente permitirá que los recursos recuperados se traduzcan en beneficios concretos para la población.
Con este paso, ambas entidades apuntan a consolidar un modelo de gestión más abierto y confiable, en el que la ciudadanía tenga un papel clave en la fiscalización de los bienes que pasan a manos del Estado.
