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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) calificó como un avance importante la aprobación de la Ley de Justicia Energética en Honduras, aunque advirtió que su entrada en vigor apenas representa el comienzo de un proceso que deberá estar acompañado de controles, transparencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

La organización, mediante la iniciativa Potencia Honduras, sostuvo que la reforma llega después de más de 20 años de problemas en el sistema eléctrico, caracterizados por pérdidas elevadas, endeudamiento y deficiencias en la prestación del servicio.

Según los datos citados por ASJ, durante el primer semestre de 2026 las pérdidas del sistema eléctrico alcanzaron el 34.35 %, equivalente a unos 8,800 millones de lempiras. La organización considera que esta situación ha generado costos que terminan trasladándose a la población.

ASJ señaló que su propuesta de transformación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue presentada durante meses a distintos sectores políticos con el objetivo de que la reforma del sistema energético se convirtiera en una política de Estado, independientemente del partido que asumiera el Gobierno.

Uno de los aspectos que la organización considera positivos son los mecanismos de alivio incluidos en la nueva legislación. Entre ellos mencionó la condonación de determinadas deudas para hogares de bajo consumo, medidas de apoyo a municipalidades con limitada capacidad fiscal y una amnistía temporal para que usuarios puedan regularizar su situación.

Sin embargo, ASJ subrayó que estas medidas solo tendrán un efecto sostenible si la ENEE logra evitar la generación de nuevas deudas. Por ello, pidió que la aplicación de los beneficios pueda ser verificada públicamente y que la empresa informe periódicamente cuántos hogares fueron favorecidos, qué cantidades fueron condonadas y cuántos medidores fueron instalados.

La organización también llamó la atención sobre la etapa que sigue a la aprobación de la ley. Entre los procesos pendientes se encuentra la elaboración del reglamento del Comité de Conducción y de la Unidad Técnica de Implementación, además de la organización del operador del mercado, la definición de las nuevas empresas derivadas de la separación de la ENEE y el desarrollo de licitaciones de energía bajo condiciones de competencia.

ASJ remarcó que los plazos contemplados en la legislación deben cumplirse de manera eficiente y con información pública que permita evaluar los avances.

Otro de los puntos planteados por la organización está relacionado con el robo de energía.

ASJ pidió que las acciones contra las conexiones ilegales y otras formas de fraude se apliquen de manera uniforme, sin concentrarse únicamente en sectores de bajos ingresos.

La asociación sostiene que también debe existir una fiscalización efectiva sobre grandes consumidores, incluyendo establecimientos comerciales e industrias que incurran en irregularidades mediante conexiones clandestinas o manipulación de medidores.

Para ASJ, la nueva ley puede marcar un cambio significativo en el sector eléctrico, pero su impacto dependerá de cómo se ejecute. La organización anunció que, a través de Potencia Honduras, dará seguimiento público a las distintas fases de implementación y buscará verificar con datos el cumplimiento de los compromisos establecidos.

La postura de ASJ se resume en que la aprobación de la reforma constituye un paso histórico, pero el verdadero desafío será convertir la ley en resultados concretos para los usuarios y en un sistema eléctrico financieramente sostenible.