ASJ exige transparencia por más de L 6,700 millones de la Tasa de Seguridad
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exigió al Gobierno de Honduras rendir cuentas sobre el destino de más de 6,700 millones de lempiras recaudados mediante la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyo uso según denuncia la organización sigue sin estar debidamente justificado ni publicado de forma clara y accesible.
30 de junio de 2025
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exigió al Gobierno de Honduras rendir cuentas sobre el destino de más de 6,700 millones de lempiras recaudados mediante la Tasa de Seguridad Poblacional, cuyo uso según denuncia la organización sigue sin estar debidamente justificado ni publicado de forma clara y accesible.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la ASJ, criticó fuertemente la falta de transparencia y advirtió que los fondos recolectados a través de este polémico tributo no están cumpliendo con el propósito original de fortalecer la seguridad ciudadana. “Exigimos al Gobierno que demuestre en qué se están invirtiendo los recursos. La Tasa de Seguridad es un impuesto para asegurar la defensa ciudadana, pero en la práctica sigue el mal uso de fondos, como en el pasado”, afirmó Castañeda.
La Tasa de Seguridad fue implementada hace más de una década como un mecanismo para financiar programas de seguridad, defensa y justicia. Sin embargo, diversas organizaciones han señalado históricamente la falta de controles eficaces en su ejecución.
Según reveló Castañeda en su cuenta de X (antes Twitter), entre 2022 y mayo de 2025 se han recaudado un total de 15,415 millones de lempiras por concepto de esta tasa. De ese monto, solo se ha logrado identificar el destino de 8,722 millones, lo que deja un saldo de 6,736 millones de lempiras sin justificar. “Es necesaria una auditoría inmediata”, subrayó.
El director de la ASJ también recordó que el plan de Gobierno 2022–2026 contemplaba la eliminación de la Ley de Seguridad Poblacional, pero que, en la práctica, solo se derogaron parcialmente los artículos 30 y 31, que imponían un 1% de impuesto sobre los ingresos brutos de negocios como casinos y juegos de azar. El resto del marco legal sigue en vigencia, y con él, la recaudación de millones de lempiras cuya gestión hoy es cuestionada.
La ASJ reiteró su llamado a que se tomen medidas correctivas urgentes, incluyendo auditorías independientes y mecanismos de fiscalización ciudadana, para garantizar que los recursos recaudados realmente se destinen a mejorar la seguridad de la población y no se repitan viejas prácticas de opacidad.
