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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, emitió un contundente pronunciamiento exigiendo el fin inmediato del estado de emergencia sanitaria en el país, tras señalar su ineficacia para resolver el grave problema de desabastecimiento de medicamentos en el sistema público de salud.

El llamado se basa en los resultados de una veeduría ciudadana realizada en junio de 2025, que reveló fallas estructurales en el suministro de medicinas e insumos esenciales.

La investigación, respaldada por asociaciones de pacientes y la Red Nacional de Veedores, abarcó 116 centros de salud en 17 departamentos, con la participación de 58 veedores y la aplicación de más de 2,300 encuestas a pacientes y personal médico.

Los resultados muestran un panorama alarmante: a pesar de que Honduras lleva cuatro años consecutivos bajo emergencia sanitaria, los niveles de abastecimiento siguen siendo deficientes y el derecho a la salud de miles de personas continúa siendo vulnerado.

Entre los principales hallazgos destaca que solo el 16.3% de los medicamentos licitados en 2024 (proceso LPN-07-2024-SESAL) fueron adjudicados, y que a junio de 2025 apenas se ha ejecutado el 27% del presupuesto destinado para compra de medicamentos.

Esta situación es crítica considerando que el 35% de los pacientes encuestados no tiene ningún ingreso mensual, y depende totalmente del sistema público para recibir tratamiento médico.

Además, el 25% de los pacientes reportó no recibir sus tratamientos completos, y el 38% sufre enfermedades crónicas que requieren medicación continua.

Desde la perspectiva médica, solo el 40% del personal sanitario encuestado afirmó contar con los insumos necesarios, y el 63% consideró urgente mejorar el acceso a medicamentos.

Ante esta situación, la ASJ y sus organizaciones aliadas emitieron cuatro exigencias clave:

Finalizar el estado de emergencia sanitaria, que consideran ha sido prolongado sin resultados sostenibles, y que ha favorecido procesos de compra ineficientes y opacos.

Implementar un sistema de compras públicas eficiente y transparente, que garantice el suministro completo y oportuno de medicamentos.

Fortalecer la logística, supervisión e inventarios para corregir fallos en la cadena de suministro.

Ejecutar de forma oportuna y eficiente el presupuesto público, priorizando a los sectores más vulnerables, especialmente a quienes viven en pobreza o padecen enfermedades crónicas.

En su comunicado, la ASJ advierte que la salud no puede seguir dependiendo de decretos de emergencia, y subraya la necesidad de voluntad política, gestión técnica y transparencia real para asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a la salud.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso de seguir vigilante, acompañando los procesos institucionales y exigiendo soluciones efectivas para garantizar un sistema de salud digno, justo y funcional para todas y todos los hondureños.