ASJ cuestiona impacto de la labor legislativa
ASJ sostiene que parte de las iniciativas aprobadas estuvieron relacionadas con asuntos específicos o coyunturales, como modificaciones presupuestarias, obras determinadas, exoneraciones y asignaciones particulares.
24 de septiembre de 2026
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) identificó un incremento en la actividad del Congreso Nacional durante el primer semestre de 2026, pero señaló que ese mayor volumen de iniciativas no necesariamente se ha traducido en respuestas a los principales problemas estructurales de Honduras. El informe registró 926 proyectos de ley presentados y 140 aprobados entre el 25 de enero y el 30 de junio.
De acuerdo con el monitoreo, los proyectos aprobados representaron alrededor del 15 % de las iniciativas presentadas, mientras 786 permanecían pendientes. ASJ también encontró que los cinco diputados con mayor número de propuestas acumularon 124 proyectos, pero únicamente cinco llegaron a ser aprobados, lo que refleja una diferencia entre cantidad de iniciativas y resultados legislativos.
La agenda aprobatoria estuvo encabezada por infraestructura y transporte, con 28 proyectos, seguida de salud con 18 y economía y finanzas con 12. En contraste, empleo registró dos aprobaciones, mientras seguridad y educación alcanzaron seis cada una, según el análisis de la organización.
ASJ sostiene que parte de las iniciativas aprobadas estuvieron relacionadas con asuntos específicos o coyunturales, como modificaciones presupuestarias, obras determinadas, exoneraciones y asignaciones particulares. Desde la perspectiva de la organización, el reto consiste en que la producción legislativa también genere reformas y políticas capaces de atender problemas de mayor alcance.
El informe además señala que continúan algunos desafíos relacionados con la transparencia del Poder Legislativo. Entre ellos se mencionan la ausencia de un registro público de las votaciones individuales de los diputados, la falta de publicación completa de las actas de las sesiones y la permanencia de contrataciones directas sin procesos abiertos de licitación.
Otro de los hallazgos está relacionado con el presupuesto del Congreso Nacional. Para 2026 fueron asignados L1,530.3 millones y al cierre de junio se habían ejecutado L637.6 millones. Dentro de ese gasto, ASJ identificó L82.6 millones destinados a ayudas sociales y donaciones, sobre los cuales, según la organización, no existe información pública suficiente para conocer beneficiarios, montos, fechas y criterios de asignación.
ASJ también indicó que solicitó información sobre esos recursos mediante los mecanismos establecidos en la legislación de transparencia, pero aseguró que el detalle requerido no fue entregado. Asimismo, reportó un rezago de tres meses en la publicación de información financiera del Congreso en su portal de transparencia.
Ante estos hallazgos, la organización recomendó transparentar las ayudas y donaciones, publicar los datos de sus beneficiarios y adoptar el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para facilitar el seguimiento de las partidas presupuestarias.
