ASJ cuestiona decreto de liquidez y alerta por presiones fiscales
El análisis de ASJ también apuntó a un crecimiento inusual en la deuda flotante de la administración central, que supera los 24,000 millones de lempiras, duplicando el promedio observado entre 2019 y 2021.
26 de diciembre de 2025
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) expresó inquietud por el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, emitido por el Gobierno hondureño como medida de emergencia para fortalecer la liquidez de la administración central antes del cierre del año fiscal.
Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la organización, advirtió que la disposición alimenta dudas sobre la planificación y el control del gasto público en un momento crítico del calendario fiscal y del ciclo político del país.
Rivera señaló que la medida, que ordena a la Secretaría de Finanzas (Sefin) trasladar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) los saldos no ejecutados de instituciones del sector público no financiero, transmite un mensaje contrario al que el país necesita.
A criterio de la experta, el decreto “acentúa la percepción de falta de transparencia y fragilidad en la gestión de las finanzas estatales”, un factor que podría erosionar aún más la confianza de inversionistas, proveedores y la ciudadanía en general.
El análisis de ASJ también apuntó a un crecimiento inusual en la deuda flotante de la administración central, que supera los 24,000 millones de lempiras, duplicando el promedio observado entre 2019 y 2021.
Según Rivera, este volumen de compromisos no pagados deja una carga fiscal elevada para el gobierno entrante, lo que podría tensar la relación con contratistas, retrasar pagos al personal público y limitar la capacidad de maniobra presupuestaria en los primeros meses de 2026.
Además, la organización cuestionó la composición del gasto ejecutado durante 2025, al señalar prioridades que, según su diagnóstico, no respondieron a criterios técnicos ni estratégicos.
Entre los rubros observados con preocupación destacan aumentos salariales en el aparato estatal, transferencias monetarias sin suficiente trazabilidad, expansión del presupuesto militar, campañas de comunicación oficial, así como erogaciones asociadas a dinámicas de clientelismo político.
El Decreto PCM 38-2025, publicado en el diario oficial, faculta a Sefin a centralizar recursos no comprometidos en contratos u obligaciones legales, con el fin de atender compromisos inmediatos.
La normativa aclara que la operación no aplicará sobre fondos ya devengados o amparados en obligaciones contractuales vigentes, aunque sectores de sociedad civil consideran que la medida refleja tensiones de caja que debieron anticiparse con mayor rigor y claridad técnica.
